[Opinión] Enrique Ferrand: Un cajón de sastre llamado socioambiental

La Defensoría del Pueblo (DP) en agosto reportó 225 conflictos sociales, de los que 84 eran socioambientales vinculados a empresas mineras con comunidades. Dicha conflictividad encabeza el ranking desde 2007. El reporte induce el mensaje equivocado de que la minería formal, a pesar del tiempo, no gestiona adecuadamente sus procesos de interrelación social y no termina de controlar sus impactos ambientales. Para bien informar a la opinión pública es necesario que la DP revise la metodología del reporte al ser selectiva, y reformule la tipología socioambiental por ser imprecisa.

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El reporte es selectivo porque frente a los 84 conflictos minero-formales referidos, solo consigna 7 minero-informales e ilegales en que comunidades exigen actuaciones del Estado, a pesar de la masiva transgresión a los derechos humanos en ese ámbito. Asimismo, del número total de conflictos, el reporte califica 53 como latentes, 25 de ellos minero-formales que tendrían en promedio 6 años inactivos y sin indicios objetivos de reactivación. Ejemplo, Conga (2011), un proyecto que no está en planes de inversión o el pliego de la federación de trabajadores mineros (2019), denegado por la autoridad y sin apoyo de sindicatos de base. Por último, en Lima Metropolitana con 33% de la población del país, solo registra 3 conflictos. En conclusión, el reporte es selectivo en la ponderación del conflicto minero-formal.

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Respecto a la metodología se observan inconsistencias que pueden llevar a una gestión subjetiva del reporte. La descripción del conflicto cuenta solo con la versión de la comunidad. Un reporte equilibrado debiera contener también la de la empresa. Asimismo, no siempre es claro cuándo los conflictos se toman por concluidos. En Junín, se registra un conflicto minero activo desde hace 15 años (2008) por el reasentamiento voluntario de Morococha en el que el 99% de familias se trasladó a una nueva ciudad con mejores condiciones de vida. Lo que a todas luces es un éxito social, la DP lo mantiene como conflicto al existir 1% restante que buscaría beneficios distintos, además de la negociación de temas sociales comunes en el relacionamiento con la población. Algunos representantes de empresas señalan que la DP registra como conflicto activo mesas de diálogo que se han transformado en mesas de desarrollo comunitario.

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Desde 2008, la tipología del reporte para los conflictos mineros es la socioambiental. La DP usa el término ambiental para actividades vinculadas a recursos naturales, aunque estén presentes componentes políticos o económicos. Esta definición resulta estrecha al tener toda actividad humana un impacto en el ambiente e induce a pensar que la minería moderna no los tiene controlados. En 2020, la OCDE en su informe-Perú sobre la conducta empresarial responsable concluía que la mayor parte de las compañías mineras a gran escala cumplían con las normas de calidad ambiental.

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Ante la ausencia del Estado en su rol de reducción de brechas sociales, la alegación de daño ambiental ha sido una forma de legitimación (sobre todo en el pasado) para redirigir demandas redistributivas hacia las empresas, más allá del desarrollo social que les compete a estas últimas. Hoy las demandas sociales, económicas, políticas o rentistas son directas. Asimismo, el reporte para ser equilibrado debería evidenciar que en la mayoría de los conflictos mineros el Estado se sienta en la mesa de diálogo no como mediador sino como actor primario ante el incumplimiento de su rol redistributivo.

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El informe Willakniki-PCM de agosto sobre conflictos sociales registra que el Estado es responsable del 85% de los compromisos abiertos en dichas mesas. Desde 2008, mucha agua ha pasado bajo el puente y se hace necesario que la DP deje atrás el impreciso cajón de sastre socioambiental y reformule la metodología de su reporte para que la opinión pública conozca objetivamente la verdadera naturaleza y magnitud de la conflictividad minero-formal en el país.

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