(Peru21)
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El ministro del Ambiente, , descartó hoy que las medidas aprobadas por el gobierno para incrementar las inversiones y acelerar la ejecución de los proyectos de infraestructura vayan a afectar las funciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) o relajen los controles ambientales.

"Estas normas de fomento a la inversión no tocan una coma de lo que son las competencias que el Senace va a ejercer", manifestó el funcionario al programa Agenda Política de Canal N.

El presidente anunció, el último viernes, unas siete medidas para agilizar las inversiones en el país, entre ellas la creación de una ventanilla única para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Además, apuntó que el Senace recién tendrá pleno funcionamiento en abril del 2014. Precisó que las normas para garantizar el cuidado ambiental son prioridad para el gobierno, por lo cual estás no serán "relajadas" en ningún sentido.

Según refirió, el objetivo de este cambio es simplificar los procedimientos y tomando como base tres principios: plazos adecuados, mecanismos para que esos plazos sean exigibles y evitar la repetición continúa de observaciones a un proyecto.

Comentó que este sistema funcionará como una "defensoría del inversionista", a fin de que los plazos contemplados en la ley sean cumplidos por los funcionarios públicos.

Recordó que durante el anterior gobierno se aprobó una serie de decretos para fomentar las inversiones, los cuales terminaron relajando el control ambiental. Esto, mencionó, motivó que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de esos decretos.

Aseguró que el expresidente tiene una visión contraria a los indígenas, como quedó demostrado en sus artículos periodísticos denominados "El Perro del Hortelano".

Por otro lado, el titular del Ambiente garantizó que el mecanismo de la Consulta Previa se pondrá en marcha de todas maneras y confirmó que este año se realizarán dos de estos procedimientos en el parque Maijuna y en el Lote 192, ambos en Loreto.

Añadió que no puede haber exoneración de este mecanismo a ninguna empresa, pues las comunidades que se sientan afectadas tienen la posibilidad de recurrir al derecho de petición a fin de ser incluidas.