Se han dado cientos (si es que no miles) de normas asociadas a la Ley de Recursos Hídricos. Hoy en Perú hacer uso de fuentes o cuerpos de agua requiere una enorme cantidad de recursos económicos para completar los crecientes trámites y una enorme dosis de paciencia para que estos sean aprobados.
En ese escenario, ciertamente la informalidad campea. Anda dando vueltas por el Congreso de la República una iniciativa que le quitaría a la Autoridad Nacional del Agua control sobre la operación de la infraestructura mayor de riego. Esto es, entregar a las juntas de regantes el manejo de los mayores reservorios del país. Ello sumado al hecho –como, por ejemplo, sucede en el valle de Pisco– de que las comunidades donde están los reservorios reclaman montos cada vez mayores para entregarles a las juntas el agua que ellas siempre han recibido. El caso de Pisco es clamoroso. De unos pocos miles de soles, este año las comunidades altoandinas han elevado sus pedidos a 120,000 soles. Más del 10% del presupuesto anual de la junta.
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Ejemplos sobran. Hay que esforzarse por simplificar las normas y darle al Estado el control real de nuestras lagunas y reservorios. Nada hay más estratégico que ello. Este año seco se está haciendo evidente.