El fiscal José Domingo Pérez ha sido multado por un monto equivalente al 10% de su remuneración mensual por hacer declaraciones políticas. Para el coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, esto es más que una llamada de atención a un fiscal considerado rebelde por algunos de sus superiores. Vela sospecha que la medida es un paso más hacia su suspensión.
El Ministerio Público no ha conseguido aún cerrar el capítulo de Los Cuellos Blancos y el escándalo de los CNM-audios, entre otras cosas, porque no tenemos Junta Nacional de Justicia. Es cierto. También la forma en que el poder de “los hermanitos” opera, a pesar de todo, ya que con Chávarry, Rodríguez Monteza y Gálvez en la JFS es inevitable.
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, está atada de manos ante el blindaje salvavidas que le lanzó el Congreso disuelto a su predecesor y con él se mantiene viva una parte de la estructura mafiosa que ahora tiene en la puntería a quienes investigan los actos de corrupción patrocinados por Odebrecht y otras constructoras brasileñas.
Por ello, así como se pronuncian los abogados de investigados en los medios acerca de lo que ellos entienden son excesos o arbitrariedades en contra de sus patrocinados, los fiscales pueden advertir acerca de lo que piensan constituye una amenaza a su trabajo. Especialmente si antes ya hubo un clarísimo intento de separar a Vela y Pérez del equipo especial cuando Pedro Chávarry dispuso su destitución el 31 de diciembre de 2018, en plenas celebraciones de Año Nuevo, para luego tener que devolverlos a sus cargos por presión de la ciudadanía.
Con aciertos y errores, estamos frente a un grupo de fiscales que ha demostrado eficiencia y progresos importantes en un trabajo que no debería verse ni amenazado ni interrumpido.
