De la andanada de investigaciones que se han propuesto, abierto o iniciado en el Congreso y que involucran directa o indirectamente al presidente Vizcarra, dos son las más delirantes. La primera, la que apunta a las encuestadoras y cuestiona su metodología porque los resultados no son del agrado de la oposición. No solo es absurda y arbitraria sino que claramente atenta contra las libertades de empresa e información a las que tenemos derecho los peruanos.

La segunda es la que propuso la excongresista oficialista Janet Sánchez para investigar si el mensaje presidencial de 28 de julio fue o no aprobado en Consejo de Ministros. Dice la moción que el papel que mostró Vizcarra en el hemiciclo tenía un título que no fue el mismo del proyecto cuando este, ya en limpio, se presentó. Pero, además, que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, cayó en imprecisiones durante una entrevista en Panorama a propósito de su debate en la PCM. Albricias, albricias. Atraparon al presidente de la República en un pecado tan grave que este ameritaría evaluar una acusación constitucional. Eso dicen los protagonistas del papelón.

Y la lista por supuesto está encabezada por Sánchez, cuya errática conducción de los debates en la Comisión de Ética aún no logramos entender. Porque la vimos compungida desistiendo de su propuesta al día siguiente de la reunión en Palacio, asegurando que la retiraría en aras de la gobernabilidad para seguir en la línea marcada por Olaechea. ¿Acaso no sabía, como señaló en Canal N, que el trámite seguiría su curso, y que por lo tanto su arrepentimiento no servía de nada en la práctica? Difícil de creer. ¿Curioso no? ¿Fue vilmente utilizada la congresista? Andá.

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