Alcalde anuncia que renegociará los peajes con las concesionarias

El burgomaestre aseguró que ya tiene opiniones legales al respecto y que sí existe espacio para la negociación. Afirmó que una de las rutas que podrían tomar es ir al fuero penal, “donde está avanzado el tema de la corrupción, sobre todo en la administración de Susana Villarán”, para restablecer la competencia de los peajes a Emape. Otra es la habilitación de vías alternas allí donde se hayan instalado las casetas.

“Me parece absurdo que una persona que vive en Puente Piedra pague un peaje por salir de su casa. Es un tema muy sensible... Lamentablemente, los laudos internacionales son la herencia que nos deja la gestión anterior”, dijo. Acotó que los concesionarios “están manchados por la corrupción” y que el peaje ya perdió todo el equilibrio financiero.

En el año 2009, la Municipalidad de Lima otorgó en concesión, en medio de serios cuestionamientos, el proyecto Línea Amarilla a la empresa brasileña OAS, para que gestione y realice el mantenimiento a la Vía de Evitamiento y a la Vía Expresa Línea Amarilla. A cambio se le entregaban los peajes existentes a lo largo de estas arterias.

En tanto, en enero de 2013, adjudicó el proyecto Vías Nuevas de Lima a la constructora brasileña Odebrecht, que tendría a su cargo la administración de la carretera Panamericana Norte –del Puente Habich hasta antes del Intercambio de Ancón–, de la carretera Panamericana Sur –del Trébol de Javier Prado hasta el Puente Pucusana– y de la autopista Ramiro Prialé. También se les entregaron los peajes.

En ambos casos, las mencionadas firmas –OAS y Odebrecht– cedieron su participación en los proyectos a empresas mundialmente reconocidas.

Sobre el tema, Leoni Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), dijo que todo contrato tiene dos partes y cualquiera de las partes puede tener la intención de renegociarlo. “Una renegociación es lo que corresponde, eso no quiere decir que se vaya a poder, que se vaya a llegar a un acuerdo”, manifestó a Perú21.

Señaló que lo que hace una renegociación “es tratar de preservar el equilibrio económico-financiero tanto para el Estado como para la concesionaria”. Todo esto se encuentra estipulado en los mismos contratos, agregó.

Por otro lado, López Aliaga también hizo referencia a la grave situación financiera en la que se encuentra la comuna capitalina debido al “gasto irracional” en el tema de personal y de locadores que se realizó en los últimos cuatro años, es decir, en las gestiones de Jorge Muñoz y de Miguel Romero.

Calculó que esto ha generado un sobrecosto aproximado de S/400 millones, “lo que genera una gran afectación a los ciudadanos más vulnerables”. Acotó que a esto se suman deudas judiciales por más de S/248 millones, S/44 millones por un laudo de empleados y S/8.5 millones por otro laudo con obreros.

El alcalde también se refirió a trabajadores fantasma, que no laboraban pero que sí cobraban. Por esta razón, ha pedido la intervención de la Contraloría General de la República.

En cuanto a la informalidad, destacó “a las personas que diariamente se buscan el pan en la calle”. Para ellos, anunció que se implementarán ferias permanentes, en las que se podrán instalar para ofrecer sus productos sin ser perseguidos.