Azuzadores de las nuevas protestas promueven una agenda política propia

Abandonan al pueblo que dicen proteger. La ‘huelga indefinida’ convocada para el próximo 4 de enero intenta aparentar ser espontánea y tener un origen social. Sin embargo, sus exigencias distan de ser reivindicaciones de tipo social o económico sino, más bien, buscan una agenda política propia para intentar recuperar el poder.

Una vez acabada la tregua con el gobierno de Dina Boluarte, diferentes organizaciones vienen coordinando para reclamar la liberación del golpista expresidente Pedro Castillo, quien intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso y “reorganizar” instituciones como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

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Las convocatorias provienen en su mayoría de regiones como Puno, Ayacucho, Cajamarca y Loreto, las cuales en 2021 registraron un aumento de personas en situación de pobreza, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Pero esa parece no ser la prioridad. En su lugar, más de 70 dirigentes de la Macrorregión Sur del Perú prefirieron anunciar una protesta para el próximo miércoles 4 de enero para exigir la Asamblea Constituyente, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la libertad del golpista Castillo.

Incluso, se ha llegado al extremo de promover la “insurgencia” y atentar contra las autoridades. “No se permitirá la presencia de ministros o representantes del gobierno ilegítimo de Boluarte (...). Todo policía o militar infiltrado será capturado y ajusticiado”, se lee en un comunicado de los promotores de la nueva protesta.

Las necesidades de su población sobre educación, agua o salud pasaron a un segundo plano. Esto es porque los socios de Castillo están detrás de las agitaciones. Desde Puno, uno de los principales impulsores para la protesta radical es César Tito Rojas, un profesor allegado al exmandatario de larga data. Tito fue dirigente del Movadef en Puno, de acuerdo a los planillones presentados ante el JNE, cuando el brazo político de Sendero Luminoso buscaba convertirse en partido.

“A partir del 4 de enero se debe retomar la lucha (...) contra un gobierno ilegítimo que ha traicionado al pueblo. Ahora ya no es prioritaria la nueva Constitución”, dijo Tito Rojas a una radio local.

Tito se presenta ante los medios como secretario de organización del Sutep-Base Puno. Sin embargo, el propio sindicato de maestros lo desmintió y rechazó “la desinformación que solo favorece a los grupos extremistas”.

En Arequipa aparece como impulsor de la nueva ola de marchas el médico Jorge del Carpio Lazo, quien fue acusado por el terrorista Ulser Pillpa de integrar Sendero Luminoso, según reportó El Comercio en mayo de 2019. No obstante, según el mismo medio, Carpio negó tajantemente tener vínculos con ese grupo terrorista.

En la reunión de dirigentes de la Macrorregión Sur —llevada a cabo el miércoles pasado en Arequipa— fue Del Carpio quien leyó los acuerdos ante la prensa.

“(Contra Boluarte) exigimos sanción penal por lesa humanidad por los asesinatos en la lucha del pueblo por su legítimo derecho a la protesta y cárcel para los asesinos”, manifestó.

Hoy habrá una reunión en Ayacucho, organizada por el Frente de Defensa del Pueblo (Fredepa), a fin de definir las “medidas de lucha” e “informes de actividades” con miras a las movilizaciones del 4 de enero. La presidenta del Fredepa es Rocío Leandro, señalada de participar en el asesinato de Pedro Huilca. Además, este diario reveló que ella repartió dinero para que los cocaleros ilegales se movilicen a Lima en diciembre último.

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PIDEN PRIORIZAR LA PAZ

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, invitó ayer a los peruanos que creen en la democracia a seguir el único camino para mejorar el país: el diálogo y la paz. “Respetamos la protesta; sin embargo, los bloqueos y violencia sí la condenamos porque afecta la cadena productiva, de la cual forma parte también el sector cultura. Nuestro país no puede parar”, resaltó.

Urteaga agregó que las protestas de diciembre causaron una pérdida de más de S/5 millones en las ruinas de Machu Picchu, en Cusco.

A su turno, el flamante gobernador de Puno, Richard Ancco, pidió a la población realizar marchas pacíficas y no actos de violencia ni atentados contra la propiedad pública y privada. “Las protestas deben ser pacíficas pero si alguna persona se sale de ello, el Estado no tiene derecho de disparar”, manifestó.

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