Antes del viernes 9 de agosto, el tema de la pensión de Alberto Fujimori había dividido la Mesa Directiva en dos. Por un lado, Salhuana y Cerrón. Por el otro, Juárez y Cavero. En caso de empate, el presidente del Congreso iba a ser la voz dirimente. Pero ya se sabe lo que pasó.
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Pensión Soto
Un oficio con fecha del 10 de julio le informó al expresidente Fujimori que su solicitud era procedente. Fue una respuesta a una carta enviada por el abogado Elio Riera, recibida en mesa de partes el pasado 24 de abril. Las buenas noticias para Fujimori fueron firmadas por la jefa del Departamento de Recursos Humanos, Haidy Figueroa Valdez. Una militante trujillana de Alianza para el Progreso (APP) y exsubgerente de Recursos Humanos del Gobierno Regional de La Libertad.
El sustento jurídico del informe lo hizo la Oficina Legal y Constitucional del Congreso el 3 de mayo último. El argumento esgrimido en las conclusiones es que Fujimori no tiene un proceso de denuncia constitucional en curso. El jefe de la oficina, Jorge Luis Torres Saravia, también es muy cercano a Luis Valdez, de quien fue asesor. Sin embargo, Torres Saravia dejó de presidir la oficina en mayo. Fue José Antonio Rubio quien firmó el informe legal en favor de Fujimori.
La Oficina Legal y Constitucional tiene dos áreas: la de Asesoría Jurídica y la de Defensa de Leyes. En la segunda trabaja Carolina Noriega, esposa del excongresista de Somos Perú Guillermo Aliaga. Aliaga es socio de Valdez en un estudio de abogados.
Todos estos personajes de APP son cercanos a Luis Valdez Farías, excongresista y actual secretario general de APP. Valdez comanda uno de los bandos de APP, donde también están figuras como Jorge González Oré y Yesenia Lozano. Es el bloque de Alejandro Soto, uno de los tres tercios que pugnaban por la Mesa Directiva.
Todo hace pensar que el entonces presidente que buscaba la reelección, Alejandro Soto, ofreció la pensión fujimorista como moneda de cambio.
Un tuit de Soto en X intentó desviar esa teoría el 2 de agosto: “La Mesa Directiva anterior, bajo la presidencia del suscrito, Alejandro Soto Reyes, no ha tratado ni aprobado ninguna pensión ni beneficio alguno en favor de Alberto Fujimori”. Una clara respuesta con sangre en el ojo a Eduardo Salhuana, quien señaló que su gestión llegó con esa decisión ya adoptada y notificada a Fujimori
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El peloteo de las mesas
En Canal N, Salhuana deslizó que, “según las fechas y los plazos, es evidente que Soto pudo tener conocimiento, porque no solo es un acto administrativo, sino que tiene una repercusión política”.
Ante la respuesta de Salhuana, a Soto solo le quedó matizar su tuit. “Una cosa es tener conocimiento de un pedido y otra muy distinta es aprobarlo”, le dijo en entrevista a Infobae. “En mi gestión, la Mesa Directiva no ha tratado ese tema ni ha aprobado ningún beneficio ni una pensión en favor del expresidente Fujimori”, afirmó. “Esa documentación debe ir, si es que es necesario, a la Mesa Directiva para que tome una decisión. Así de simple. No veo cuál sea el problema. No responsabilizo a nadie; simplemente estoy señalando que en mi gestión no se ha aprobado ningún beneficio para Alberto Fujimori”.
Fuentes autorizadas precisan que el informe no ha tenido el rigor necesario, ni jurídica ni constitucionalmente. Algunas voces sugirieron que el Procurador Anticorrupción podría plantear una nulidad o el mismo Congreso podría dejarlo sin efecto.
Políticamente hablando, aún quedan dudas sobre la jugada del patriarca del fujimorismo. Si se había inclinado por Eduardo Salhuana, contradiciendo públicamente y desautorizando a su hija Keiko, ¿qué fue lo que lo hizo romper con la candidatura de Alejandro Soto, quien ya le había garantizado su pensión?
¿Será la de Salhuana una apuesta que les morderá la cola, ahora que el presidente del Congreso hizo el amague de suspender la pensión para darle más consistencia legal a la propuesta y cuidar sus espaldas? En Palacio están contentos con la muñeca de Salhuana, quien ciertamente es más político que Soto. Pero ciertas voces en el fujimorismo han levantado una ceja ante el conato de poner la pensión en pausa. “Soto es más disciplinado y no retrocede ante los caviares”, dice una fuente cercana a los naranjas. “Salhuana tiene juego propio”.
El político Fujimori
Previsiblemente, el pedido de pensión de Alberto Fujimori ha desencadenado el pedido de pensión de Pedro Castillo. El también exdictador lo ha vuelto a solicitar al Congreso. Como en un perverso círculo vicioso, Fujimori nos vuelve a legar a Castillo. Y el ya enrarecido ambiente preelectoral se vuelve a polarizar en torno a las cuitas de dos expresidentes golpistas.
Más allá de los constitucionalistas, hay un consenso que trasciende lo legal: pactar con el desprestigiado Congreso para solicitar una pensión no es la mejor jugada política de un expresidente que aspira a ser elegido. Tampoco la del padre de una lideresa que ya suma tres derrotas electorales consecutivas y pretende candidatear por cuarta vez.
Según la última encuesta de Ipsos, el 70% no está de acuerdo con lo solicitado por Fujimori. Y el rechazo se eleva a 72% en provincias. Solo un 27% apoya que se le otorgue la pensión al indultado.
Pedir, además, vales de gasolina, asistente personal pagado y demás gollerías en tiempos en que la población cuestiona la frivolidad de los políticos con relojes y operaciones deja muchas dudas sobre el supuesto genio político del patriarca Alberto Fujimori.
Ya lo advirtió el excanciller ‘Joselo’ García Belaunde en reciente entrevista para Perú21. La figura política de Fujimori se construyó desde el poder, con medios tomados y represión. La leyenda del Fujimori imbatible surgió en el 95, pero no pudo endosar a la alcaldía y luego hizo fraude.
No vaya a ser que su reciente caída física anuncie la caída de otro mito político.
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