Gracias a Dina Boluarte, cuyo gobierno no observó la autógrafa de ley, y al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que la promulgó apenas cumplido el plazo, ayer se publicó en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano la ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Inmediatamente, la defensa legal del expresidente Alberto Fujimori inició los trámites para pedir la prescripción del caso Pativilca en el que el exmandatario es imputado como autor mediato del asesinato de seis comuneros, en 1992, perpetrado por parte del Grupo Colina.
“Promulgada la ley agotaremos todos los caminos procesales para dar viabilidad a la excepción de prescripción. Solicitaré inmediatamente que se pueda materializar el pedido de que el señor expresidente no puede ser investigado por hechos que en su momento no eran delitos. Eso ya está propiamente en la Constitución y esta ley lo que hace es precisar un alcance de lo que ya existe”, declaró a Perú21TV Elio Riera, abogado de Fujimori.
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Agregó que “nadie” puede ser investigado por hechos que al momento de ocurridos no eran delitos. “Si permitimos eso existirían juicios por delitos que no han existido y, por lo tanto, la carga procesal sería abrumadora. Es una decisión ya tomada y buscaremos que este caso sea archivado en todo sentido”, insistió.
El caso Pativilca se remonta al 29 de enero de 1992 cuando miembros del comando paramilitar Grupo Colina irrumpieron en las viviendas de seis comuneros, ubicadas en el distrito de Pativilca, en la provincia limeña de Barranca. Los secuestraron, torturaron y posteriormente asesinaron. Por estos hechos Fujimori es acusado como presunto autor mediato de la comisión del delito de homicidio calificado en la modalidad de asesinato con alevosía por parte del Ministerio Público que ha pedido para él 25 años de prisión.
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PENSIÓN ASEGURADA
Mientras tanto, ayer la Mesa Directiva del Parlamento acordó —por mayoría y con el voto en contra de la fujimorista Patricia Juárez— solicitar la opinión de constitucionalistas y de la Oficina Legal del Parlamento sobre la legalidad de la pensión de S/15,600 otorgada a Fujimori en su condición de expresidente de la República. El resultado de estas consultas deberá darse en un plazo no mayor de 60 días. En tanto dure este proceso, sin embargo, no se suspenderá el beneficio, como lo planteó en la víspera el titular del Legislativo, Eduardo Salhuana.
Sobre el particular, Riera dijo que espera que se mantenga el derecho pensionario de Fujimori, y anticipó que de no ser así recurrirán a las instancias respectivas.
Tenga en cuenta
En 2017, la justicia chilena aprobó la ampliación del pedido de extradición para que Fujimori también sea procesado por este caso denominado Pativilca.
Por este caso Vladimiro Montesinos se acogió a la conclusión anticipada del juicio y fue condenado a 19 años y 8 meses de cárcel.
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