¿Qué medidas son necesarias para reducir el hacinamiento en cárceles del Perú?

En los últimos quince años, el sistema penitenciario peruano fue declarado hasta cuatro veces en emergencia con el objetivo de reducir el hacinamiento, pero el resultado fue inverso. La sobrepoblación carcelaria no paró de subir y, en marzo de este año, según cifras del Ministerio de Justicia, llegó hasta 141%.

Esta crítica situación escaló más con la llegada de la pandemia del coronavirus. Ante la falta de una respuesta conjunta del Estado, el Tribunal Constitucional decidió hacer uso de su rectoría. A partir del análisis de un caso particular, el TC declaró inconstitucional el hacinamiento y estableció plazos para acciones concretas.

Si en cinco años, declaró el TC, no se han tomado medidas suficientes para superar la sobrepoblación, se cerrarán los seis penales con mayor nivel de hacinamiento, que tienen entre 375% y 553%.

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“El COVID-19 puso en evidencia que declarar la emergencia penitenciaria no ha funcionado. Se avanzó en paliativos, pero sin una respuesta integral de todo el Estado. Esa sentencia obliga a que cada quien haga su parte”, señaló a Perú21 la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello.

El viceministro de Justicia, Álex Rueda, indicó a este diario que, de marzo al 28 de mayo de este año, se logró reducir el hacinamiento penitenciario a 133% (8 puntos porcentuales menos) debido a las medidas del gobierno y las revisiones de prisión preventiva del Poder Judicial, pero reconoció que es insuficiente.

Agregó que antes de conocerse la sentencia del TC ya se estaba trabajando en el Plan Nacional de Política Penitenciaria 2021-2025, a cargo del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), que agrupa a todos los actores del sistema de justicia. Dijo que aún no hay una fecha para presentar el documento, aunque el órgano constitucional le ha dado tres meses.

“Este plan abordará la reducción del hacinamiento, mejorar las condiciones carcelarias y del personal penitenciario, la gestión de los servicios y la seguridad, actualizar el sistema informático de los penales y la reinserción en la sociedad. También se está realizando un estudio de la prisión preventiva”, indicó.

Ante la consulta sobre la posibilidad de concesionar los penales ante el déficit de infraestructura, el viceministro sostuvo que está bajo análisis.

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Concesión y medidas

En América Latina hay experiencias de concesiones carcelarias. A partir del año 2000, Chile aplicó un sistema mixto colocando la infraestructura y administración de ciertos penales en manos de privados, mientras que la custodia era tarea del gobierno.

Pérez Tello sostiene que se podría impulsar dicha figura mixta en nuestro país, pero con la claridad de que la seguridad no se puede privatizar.

“La responsabilidad del Estado en la seguridad no es transferible”, dijo. Agregó que para potenciar la infraestructura se podría aplicar la estrategia de los Juegos Panamericanos con contratos de gobierno a gobierno.

“La solución no es meter más gente a las cárceles sino sacarlas. Primero, a los que no son peligrosos y establecer medidas alternativas para los delitos menores como trabajos comunitarios”, indicó.

El exjefe del INPE José Luis Pérez Guadalupe no respalda el uso de cárceles concesionadas debido a su alto costo. “Sale muchísimo más caro. El INPE tiene el modelo de los penales, hasta los costos por cada plaza, pero le falta terreno y presupuesto. Este gobierno no ha construido un solo penal nuevo”, remarcó.

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Una medida efectiva para disminuir la sobrepoblación, indicó Pérez Guadalupe, es el uso de grilletes electrónicos. “Acá se tiene que tercerizar. Un proveedor había ganado una concesión para entregar dos mil grilletes, pero el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski-Martín Vizcarra decidió no firmar el contrato y solo tenemos 24”, anotó.

Para Pérez Guadalupe, reformar la aplicación de la prisión preventiva también es clave para reducir el hacinamiento. "Ahí yo veo que no ha habido una política de Estado, la actitud del Poder Judicial y del Congreso han sido nosotros los mandamos a la cárcel, si hay hacinamiento no es problema mío“, anotó.

"Tienen que reducirse las prisiones preventivas solamente para los delitos gravísimos. No es posible que un tercio de los reclusos sean procesados. Hay un promedio de 200 presos al mes que salen con absolución, mientras están en prisión preventiva”, afirmó.

Tenga en cuenta

El Minjus está alistando las leyes que emitirá con las facultades que le otorgó el Congreso para reducir el hacinamiento.

El viceministro Rueda indicó que se creará un marco normativo para la revisión de prisiones preventivas. También se plantearán medidas para los condenados por delitos menores.

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