Hacinamiento en penales es otro frente en la lucha contra el COVID-19

Existe un común denominador entre los penales del Perú que se amotinaron para exigir medicinas, pruebas y atención médica ante el temor de un contagio masivo del nuevo coronavirus. Todos ellos presentan altas tasas de hacinamiento.

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Desde que se inició la emergencia, se han registrado aproximadamente 15 motines a nivel nacional por esta causa. El más grave ocurrió el 27 de abril en el penal Castro Castro, que dejó ocho internos fallecidos. Este centro penitenciario, ubicado en San Juan de Lurigancho, tiene una sobrepoblación de 308%.

Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) actualizadas en enero último, el Perú tiene un hacinamiento de 140% en promedio en sus 68 penales. Nuestra capacidad alcanza para albergar a 40 mil presos, pero hay 96 mil. Tenemos prisiones con más de 500% de hacinamiento.

Poseemos la cuarta cifra más alta de sobrepoblación penal en América Latina y la undécima en el mundo, de acuerdo a la base de datos de la Universidad de Londres.

“Eso significa que hay cárceles con capacidad para 2 o 3 presos, pero en realidad albergan a 20 personas o más. Esta situación hace prácticamente imposible que se cumplan medidas como el distanciamiento social y atención adecuada”, señala a Perú21 Stefano Corzo, sociólogo de la UNMSM e investigador de seguridad penitenciaria.

El hacinamiento extremo que convierte a los penales en focos de contagio no es un problema reciente ni único del Perú. “Lo arrastra América Latina. Sobre todo por el endurecimiento de medidas de castigo o restrictivas, como la prisión preventiva, que han ido de la mano con la falta de recursos e infraestructura para el relegado sistema penitenciario”, agrega Corzo.

El especialista sostiene que una de las causas del abandono del sistema penitenciario es que se lo trata como tema impopular. “No es atractivo en cuanto a réditos políticos, pero esta pandemia nos ha enseñado que atender las cárceles es un tema de salud pública”.

Medidas urgentes

El último viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia en las cárceles del país. “Considerando el nivel de hacinamiento que prevalece en el Perú, el Estado debe adoptar de manera inmediata medidas que reduzcan la población carcelaria”, demandaron.

Estos proyectos establecen condiciones para perdonar penas de hasta ocho años de cárcel y revisar prisionesv. Este beneficio no alcanza a los delitos graves y se priorizará el perfil de vulnerabilidad. El Gobierno calcula que 30 mil reclusos podrían ser beneficiados, a los que se suman los indultados y excarcelados por pagar deuda familiar.

Por ello, el premier Vicente Zeballos expondrá hoy ante la Junta de Portavoces el alcance de las normas para que se convoque de urgencia al Pleno.

Estos proyectos establecen condiciones para perdonar penas de hasta ocho años de cárcel y revisar prisiones preventivas. Este beneficio no alcanza a los delitos graves y se priorizará el perfil de vulnerabilidad. El Gobierno calcula que 30 mil reclusos podrían ser beneficiados, a los que se suman los indultados y excarcelados por pagar deuda familiar.

“Las medidas son transitorias y excepcionales por la emergencia. Buscan excarcelar a los que cumplen los requisitos establecidos y que las personas que no podrán salir por penas altas puedan tener más espacio para su tratamiento dentro de la cárcel”, dijo a este diario Víctor Prado, juez supremo que participó en la elaboración de estos proyectos.

La propuesta del Ejecutivo también plantea que los directores de cada penal entreguen una lista al Poder Judicial de los internos que están en riesgo por la pandemia. “El INPE dentro de siete dias identifica a las personas vulnerables y lo remiten a la Corte Superior. Cada corte establecerá un juez de emergencia y un fiscal de emergencia para estos casos”, explicó a Perú21 el viceministro de Justicia, Alex Rueda.

Prado sostiene que la manera más rápida para ejecutar las medidas es que el Gobierno las promulgue en decretos legislativos; sin embargo, a pesar de la crítica situación, las normas tendrán que pasar por la burocracia parlamentaria pues no se otorgaron facultades al Ejecutivo para legislar sobre la situación jurídica de las personas, según confirmó Rueda.

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Prado reconoció que no hay certeza de que estas medidas sean suficientes para minimizar el riesgo de contagio en los penales. “En este momento hay que hacer líneas de prioridad. Que se tomen decisiones ya mismo. Si el impacto de estas medidas será suficiente o no, eso lo dirá la realidad de la aplicación. Esperamos que sea el más amplio e idóneo”, añadió el magistrado.

Para el Corzo, otra medida necesaria será que se implemente un protocolo oficial y textual del plan de acción que se realiza en los penales. “Si bien hay un protocolo que es oral, no hay un documento. Es necesario un documento oficial porque te permite socializarlo con los internos y los familiares. En esta crisis es importante mantener un alto nivel de comunicación”, anotó.

La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello señaló que el Gobierno debería ampliar el espectro de los indultos ante esta crisis. “Se necesita decisión política para que el Ejecutivo otorgue indultos a personas que tienen un proyecto de vida y que no representan un peligro para la sociedad, que son alrededor de 17 mil”, dijo hace poco en Perú21.TV.

Más allá del coronavirus, uno de los problemas en el sistema penitenciario que el Gobierno ha identificado con claridad es su sistema informático. “Necesitamos tener la información sistematizada y actualizada porque si no hay problemas para identificar a las personas que están en peligro por ser vulnerables”, señala Rueda.

Sobre cómo resolver el problema de fondo del hacinamiento extremo, el viceministro sostiene que el Gobierno está impulsado una evaluación profunda del sistema penitenciario, pero identifica que el uso de las prisiones preventivas y la demora en investigaciones sí tienen que ver.

Sabía que

-Los reclusos que reciban la excarcelación por parte del Estado tendrán que pasar por pruebas de descarte de coronavirus y atención.

-El viceministro Rueda aseguró que solo en 12 de los 68 penales se han registrado casos de contagio.

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