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El Presidente Pedro Castillo no quiere responder a la Fiscalía de Lavado de Activos
No quiere responder a nadie. Tal como pasó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente Pedro Castillo, una vez más, utiliza su investidura para no acudir a un interrogatorio que busca esclarecer su participación en presuntos actos de corrupción de su Gobierno.
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No quiere responder a nadie. Tal como pasó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente Pedro Castillo, una vez más, utiliza su investidura para no acudir a un interrogatorio que busca esclarecer su participación en presuntos actos de corrupción de su Gobierno.
El mandatario estaba citado para presentarse, en calidad de testigo, hoy a las 10:00 a.m. ante el despacho de la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire –quien investiga el caso Puente Tarata– por las declaraciones de Karelim López. En febrero, la lobista señaló que el jefe de Estado formaría parte de una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Precisamente, Taquire pretendía consultar respecto a su relación con el prófugo exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, y otros asuntos “que resulten relevantes a la investigación”.
Sin embargo, a través de su abogado, Eduardo Pachas, el presidente se escudó en el Inciso 1 del Artículo 167 del Código Procesal Penal y pidió que la Fiscalía le envíe las preguntas. Pese a la evidente falta de intención para colaborar con la justicia, Pachas excusó a su patrocinado e indicó que la solicitud no altera el curso de la investigación. “De igual forma se está sometiendo a las preguntas que la fiscal le está señalando”, dijo a este diario.
En manos de la fiscalía
El abogado penalista Luis Lamas Puccio lamentó la solicitud de Castillo y resaltó que el envío del pliego interrogatorio podría afectar “las respuestas espontáneas” del presidente.
“Si las preguntas se las mandan antes, lo va a consultar con su abogado y así verá cómo responder y cómo no responder”, cuestionó. Agregó que el pedido debería ser rechazado y se debería insistir con la diligencia fiscal.
En la misma línea, Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, remarcó que en un interrogatorio se busca que el interpelado responda “de manera voluntaria y consciente”, por tanto, al enviar el cuestionario, la diligencia “pierde peso” .
“Si se envían las preguntas, cabe la posibilidad de que estas no sean respondidas por él, si no por su abogado”, aseveró a Perú21.
Ya no lo esperarán
“No tiene ese gesto político para dar el ejemplo y esclarecer estos hechos que se están indagando”, sostuvo a este diario. Recordó que el gobernante no acudió a 3 citaciones hechas por la Comisión de Fiscalización y que no se le va a insistir; se continuará hasta la entrega del informe final.
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