Pedro Castillo busca la expulsión del coronel que investiga a su entorno delictivo

Una muestra más de la obstaculización del gobierno a las investigaciones. La defensa legal del presidente Pedro Castillo busca el pase al retiro del coronel PNP Harvey Colchado, coordinador del equipo especial que apoya a la Fiscalía en su indagación al entorno del mandatario.

Eduardo Pachas, abogado de Castillo, solicitó a la Inspectoría General de la Policía iniciar un proceso disciplinario contra Colchado por su actuación del 9 de agosto, durante el allanamiento a Palacio de Gobierno para la detención preliminar de la cuñadísima Yenifer Paredes. “Al culminar el mismo se imponga la sanción de muy grave en consecuencia su pase al retiro , de forma inmediata”, se lee en el documento.

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El abogado –quien antes ya había amenazado a las autoridades con tomar represalias por la diligencia– afirmó que el jefe del grupo de élite policial “rompió actas” e intimidó para que le entreguen los videos de las cámaras de seguridad.

“Si es legal (el allanamiento), por qué tienen que romper las actas. ¿Por qué tienen que meterse a la casa del presidente, a su dormitorio, revisar su ropa, todo? Eso es un abuso. Acá hay allanamiento de morada, prevaricato y usurpación de funciones”, afirmó en diálogo con Perú21.

“Que Inspectoría revise su actuación. También que se revise la actuación del juez y fiscal. Ya está presentado la denuncia contra ellos”, agregó.

Pero lo que no dice el letrado es que el coronel Harvey Colchado sólo cumplió con su deber de acompañar al fiscal Hans Aguirre para la ejecución de la orden judicial que dictaba el allanamiento, descerraje y registro del domicilio de Yenifer Paredes, sindicada de ser la testaferro en una organización criminal encabezada por el jefe de Estado.

La diligencia se realizó en la residencia presidencial porque la información policial daba cuenta que la hermana de Lilia Paredes se encontraba alojada allí desde el 5 de agosto.

La denuncia de Castillo se condice con las amenazas de Yenifer Paredes a sus custodios en la Diviac. “Ya se vienen los pases al retiro”, les decía.

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Denuncia sin sustento

El exdirector de la Digimin, José Gil, consideró la denuncia de Castillo como una muestra de “despecio” a la Policía. “Son actos de obstrucción, el cual ya la Fiscalía debe tomar nota”, dijo.

“No hay que olvidar que la Policía está capturando a sus familiares, las Fuerzas Armadas están haciendo operaciones sin su conocimiento. No le queda más alternativa que arremeter contra ellos, abusando del poder que tiene”, afirmó Gil.

José Baella, exjefe de la Dircote, destacó que la diligencia no fue ilegal porque se contó con autorización judicial. “Esta denuncia es más que nada por obstruir. Por llamar la atención, no le veo razón de ser”, concluyó.

“El coronel Colchado tiene una Resolución Ministerial que lo ampara. Él ha sido designado como jefe del equipo especial de la Policía, él está cumpliendo esa resolución y también a la ley de la PNP, donde indica que se debe apoyar a las autoridades judiciales y Fiscalía”, afirmó.

Audiencia será el lunes 5

El juez Raúl Justiniano Romero reprogramó para el lunes 5 de setiembre, a partir de las 8:30 a.m., la audiencia en la que evaluará el pedido fiscal de 36 meses de impedimento de salida del país y otras medidas restrictivas contra la primera dama Lilia Paredes, investigada por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

El mismo pedido alcanza a los coimputados Walter y David Paredes –cuñados de Castillo– y Hugo Espino Lucana, quien se acogió a la confesión sincera ante la Fiscalía.

El fiscal Jorge García alegó que se encontraba delicado de salud después de estar en contacto con un caso positivo de Covid-19. Uno de los abogados también se encontraba en la misma condición.

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