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Vladimir Cerrón es el principal beneficiado

Los jueces y fiscales en la mira con proyecto de Waldemar Cerrón

Operan sin disimulo. Hermano del prófugo Vladimir Cerrón, con múltiples investigaciones por corrupción, y Perú Libre quieren perseguir a los magistrados que no sean de su gusto. Quedan a la espera de que otras bancadas, en similar situación, se sumen a su proyecto de ley.

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vladimir cerron
Vladimir Cerrón lleva prófugo más de 300 días. (Facebook Vladimir Cerrón)
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En otra muestra de desfachatez, desde el Congreso quieren reafirmar la idea de que son intocables y esta vez Perú Libre (PL) propone crear una comisión que persiga a jueces y fiscales bajo la excusa de la lucha contra la corrupción.

MIRA: Presidente del PJ califica de "antidemocrático" proyecto que persigue a jueces y fiscales

El que presentó la iniciativa fue Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón. El dueño de PL, precisamente, ha cuestionado en todo momento las contundentes investigaciones que la Fiscalía ha iniciado en su contra y por ello se mantiene no habido desde hace más de 300 días.

La iniciativa postulada por el legislador Cerrón busca que ese grupo de trabajo sea la comisión ordinaria número 25; es decir, de las que por ley necesariamente debe conformarse.

La propuesta se sustenta en los resultados de una encuesta que señala que una mayoría de peruanos no confía en los organismos del sistema de justicia.

Si bien el proyecto reconoce que existe una Fiscalía Suprema en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos y la Junta Nacional de Justicia, que tienen atribuciones para sancionar a jueces y fiscales, se insiste en que no hay un organismo con representación popular que investigue a magistrados.

“A través de la supervisión se puede detectar y prevenir oportunamente los actos de corrupción, como sobornos o tráfico de influencias. Del mismo modo, la fiscalización de jueces y fiscales permite monitorear y evaluar su desempeño, lo que aumenta la confianza en el sistema judicial”, se justifica en el documento.

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De aprobarse el proyecto, Cerrón y su séquito estarán habilitados para hostilizar a todo fiscal que lo someta a indagaciones. Y no son pocos.

Está la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista, quien se encargó del caso Los Dinámicos del Centro. También figuran los fiscales Richard Rojas y Ángel Astoncondor, que encontraron evidencias de lavado de activos en la campaña cerronista del 2021.

Además, estarían en la mira los fiscales Carlos Mera, que indaga el resguardo irregular de Cerrón; Elard Alcocer, a cargo del caso Antalsis; y Ramón Vallejo, quien consiguió la sentencia contra el exgobernador de Junín por el aeródromo Wanka.

Entre los jueces que ven casos de Vladimir Cerrón figuran Leodán Cristóbal, Walter Camarena y Guido Arroyo.

Pero no solamente lo podrá hacer Perú Libre, sino cualquier otra agrupación política que vea en los magistrados a una amenaza a sus intereses.

Puede prosperar

Con resignación, el congresista no agrupado Carlos Anderson advirtió que el proyecto de ley de Waldemar Cerrón puede ser respaldado por otras bancadas, cuyos líderes y miembros deben rendir cuentas a la justicia.  

En entrevista con Perú21TV, Anderson indicó que los intereses políticos están atropellando “toda lógica” y alegó que sería un “sinsentido” que los investigados puedan perseguir a quienes investigan.

“Perú Libre sabe que otros partidos tienen los mismos problemas con la justicia. Y así como hay un ánimo contra la prensa, también hay un espíritu de venganza contra fiscales y jueces”, expresó.

En esa línea, aseveró que esta iniciativa solo podría ser bloqueada si llega al Pleno del Congreso ya que, según dijo, en comisión “ni se discute, todo eso pasa como por un tubo”.

Por su parte, el parlamentario Cerrón dijo en su defensa que su propuesta “no es una venganza” y que su propuesta es “como producto de la conversación y demanda con muchas personas”.  

No obstante, queda claro que los principales beneficiados con la  eventual aprobación del proyecto son los congresistas y sus líderes.

Tenga en cuenta

-El Congreso aprobó este mes una norma que modifica la ley de crimen organizado, que ya sido invocada por políticos como José Luna (Podemos Perú) para que se archiven investigaciones en su contra.

 

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