Jueces y fiscales piden a la JNJ suspender proceso de ratificación

Esta semana, los jueces y fiscales hicieron causa común como pocas veces se ha visto: han requerido a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que suspenda el proceso de ratificación de magistrados que se inició en setiembre del año pasado. Su justificación se encuentra en un fallo de 69 páginas emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en diciembre de 2021.

Esa sentencia concluye que, entre 2001 y 2002, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) violó los derechos de los exjueces Jorge Luis Cuya Lavy y Walter Valenzuela Cerna, y de los exfiscales Jean Díaz Alvarado y Marta Rodríguez Ricse al no permitirles apelar la decisión de no ratificarlos en sus cargos.

La impugnación, señala el fallo, no era permitida en ese entonces por la vía administrativa ni por la judicial. La Corte, en ese sentido, indicó que el sistema diseñado por el Estado vulneró “la protección judicial” que es garantizada en el artículo 25.1 de la Convención Americana.

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En un comunicado, la Sala Plena de la Corte Suprema del Perú hizo énfasis en ese aspecto e interpreta que la resolución del órgano supranacional “declaró que el procedimiento de ratificación es violatorio de la protección judicial y de los derechos políticos de los magistrados”.

La Fiscalía tiene la misma postura. “Es imperativo que la Junta Nacional de Justicia suspenda el procedimiento de ratificación nacional, en tanto se adapten sus disposiciones a lo establecido por la Corte-IDH y se proceda a los cambios normativos, a todo nivel, incluso constitucional y legal orgánico, a cargo del Congreso”, se lee en la misiva que fue emitida hace unos días.

Son 73 jueces y 123 fiscales los que deben someterse a evaluación en el actual proceso para continuar en sus cargos. Lo que llama la atención es corroborar quiénes se favorecerían si se posterga la evaluación.

La JNJ, que ha reemplazado al CNM tras el escándalo de Los Cuellos Blancos, ya programó las entrevistas de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y de los jueces supremos Víctor Prado, César San Martín, y del titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, para junio de este año.

Para el mismo mes también ha convocado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y al fiscal supremo Pablo Sánchez. Todos ellos están a la espera de ser ratificados.

Debate a fondo

La Corte-IDH reconoció en la misma sentencia que el Estado peruano ha modificado el marco normativo y que ahora los magistrados sí pueden apelar en el proceso de ratificación.

En el reglamento de la JNJ se indica que jueces y fiscales pueden presentar recursos de reconsideración a manera de “impugnación”. Y es aquí donde viene el debate.

Jueces supremos consultados por este diario, y que pidieron quedar en el anonimato, indicaron que no se puede impugnar un fallo si los mismos integrantes revisarán la reconsideración.

“En la JNJ no hay pluralidad de instancia; no se puede impugnar ante el mismo pleno que decidió la no ratificación”, indicó una de las fuentes.

Este mecanismo ya se ha visto antes con las destituciones de los sindicados miembros de Los Cuellos Blancos. Los mismos integrantes de la Junta decidían en primera y segunda instancia la suerte de cada fiscal y juez.

El presidente de la JNJ, José Ávila, envió el último 10 de enero un oficio a la titular de la Corte Suprema, Elvia Barrios, en el que recoge sus inquietudes y destaca que está abierto a “toda contribución que coadyuve a garantizar un proceso de ratificación objetivo, imparcial, transparente y respetuoso”.

El pasado jueves, Barrios manifestó públicamente que no se opone a la evaluación, y refirió que lo que demanda es que el sistema se adecue a las exigencias del órgano de justicia internacional. “Solo pedimos que se apliquen los estándares establecidos en la sentencia de la Corte”, dijo.

Desde la Junta, señalaron a este diario que analizan el fallo de la Corte-IDH y aclararon que no está en evaluación, al menos por el momento, suspender el proceso de ratificación.

Tenga en cuenta

La JNJ también debe decidir este año la elección de nuevos fiscales y jueces supremos para que ocupen las vacantes dejadas ante la destitución de magistrados vinculados a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto

El 12 de enero, el prófugo exjuez supremo César Hinostroza presentó su defensa ante la JNJ en el proceso disciplinario que se le abrió por ser sindicado de encabezar la organización criminal.

Entre los magistrados ya destituidos están los exfiscales Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez.

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