Pedro Castillo nombró a Hugo Chávez en Petroperú para direccionar contratos, según Fiscalía

El equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto ha logrado establecer que Hugo Chávez Arévalo era el operador del exmandatario Pedro Castillo en Petroperú para dedicarse a una actividad por sobre cualquier otra función: direccionar millonarios contratos desde esa empresa estatal para obtener “ganancias ilícitas” en favor de la red criminal del profesor chotano.

En su pedido de prisión preventiva de 36 meses contra el exfuncionario, al que accedió Perú21, el fiscal Raúl Martínez evidenció que para concretar las órdenes del expresidente, Chávez se encargó de contratar a los funcionarios que le serían útiles en cada área.

Prueba de ello es la buena pro que Petroperú otorgó, en octubre de 2021, a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) luego de que el dueño de esta compañía, Samir Abudayeh, se reuniera en ese mes con el entonces presidente en Palacio de Gobierno. HPO ganó un contrato de US$74 millones a cambio de proveer con barriles de biodiésel.

“Hugo Chávez integró la organización criminal por cuanto al asumir el cargo de gerente general de Petroperú, con fecha 8 de octubre de 2021, se dedicó a realizar cambios en los puestos gerenciales de dicha empresa con el objetivo de direccionar el otorgamiento de los procesos de adjudicación por competencia para la compra de barriles de biodiésel a favor de HPO”, se lee en el documento de 303 páginas .

Las personas designadas fueron Muslaim Abusada Sumar, quien fue gerente de la Cadena de Suministros; Gunther Documet Celis, gerente del Departamento de Distribución; y Roger Liy Lion, gerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos.

“Se nombró a partir del 19 de octubre de 2021, entre otros, a Muslaim Abusada y Gunther Documet, quienes para la aceptación del cargo habrían a su vez aceptado el direccionamiento del proceso de adquisición por competencia a favor de HPO SA”, indicó el fiscal Martínez.

También se menciona a otro personaje que estuvo en la cita de Palacio, promotor de la palma aceitera. Se trata de Gregorio Sáenz Moya, quien fue contratado por Petroperú el 11 de noviembre de 2021 para contribuir con informes al área de Cadena de Suministros que le serían favorables a la empresa de Abudayeh, como reveló este diario en enero de 2022.

La Fiscalía requiere la prisión preventiva del exfuncionario porque ha constatado que puede burlar los registros migratorios, ya que lo hizo cuando regresó a territorio nacional procedente de Bolivia en noviembre de 2022.

“Si bien el 28 de noviembre de 2022 se entregó ante las autoridades, no se encuentra registro de su ingreso al territorio nacional (desde Bolivia), advirtiéndose así que ha evadido a las autoridades nacionales para efectuar su ingreso”, argumentó el fiscal.

Añadió que distintos testigos declararon, una vez que estalló el escándalo del direccionamiento de contratos, que Chávez Arévalo ordenó eliminar documentos y hasta videos de cámaras de seguridad. Es otra evidencia para sostener que si el exgerente de Petroperú permanece en libertad podría alterar o borrar pruebas para la investigación.

El ‘huaracino’

El pedido de detención también alcanza al empresario Daniel Príncipe Collazos, conocido como el ‘huaracino’.

Para el equipo especial, Príncipe cumplió un rol preponderante en la red criminal al ser quien propuso el nombre de Hugo Chávez a Fermín Silva, el dueño de la clínica La Luz, para que este a su vez lo presente al expresidente Castillo.

Según la Fiscalía, Silva pagó S/45 mil a Castillo Terrones para que Chávez sea designado en la institución petrolera.

Después de ese nombramiento, Príncipe acudió a las instalaciones de la entidad “para gestionar los intereses” del entonces jefe de Estado y de su organización delictiva.

Además, se corroboró su colaboración con otra de las redes criminales que encabezó Castillo, ya que el investigado fue detenido cuando se capturó al alcalde de Anguía (Cajamarca), José Nenil Medina.

Medina, según la indagación, era uno de los operadores castillistas que se desplegó para la repartición irregular de obras públicas desde el Ministerio de Vivienda.

La red criminal que operó desde Petroperú tuvo un “brazo operativo” que, según la tesis fiscal, se encargó de borrar pruebas y comprar silencios usando recursos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Ese “brazo” era integrado por Henry Shimabukuro, exmiembro de la DINI; Beder Camacho, exsubsecretario presidencia; y José Luis Fernández Latorre, exjefe de la DINI; y el sobrino presidencial Rudbel Oblitas Paredes.

Tenga en cuenta

-La Fiscalía estima una condena de 33 años de cárcel para Hugo Chávez, a quien se le imputan los delitos de organización criminal y colusión agravada.

-Para Daniel Príncipe proyecta una sentencia de 17 años y 8 meses de prisión. A Príncipe se le atribuyen los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

-El Poder Judicial programó la audiencia de prisión preventiva para el 23 de marzo.

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