Las comunidades indígenas no permiten que se capture a los violadores de niñas. Así lo afirmó el fiscal de Condorcanqui, Erlin Medina, hoy durante su exposición en el Congreso.
En la sesión, el letrado expresó que muchas veces los fiscales son amenazados en estas zonas, lo que dificulta su trabajo. Además, dijo que en las comunidades aplican su propia justicia.
“Quiero pedir a los apus de la provincia de Condorcanqui que no tapemos a los violadores porque en muchas oportunidades hemos ido fiscales a traer a los implicados en casos de flagrancia, que son 24 horas a los violadores, incluso se ha tenido que hacer uso de armas. Y posteriormente han concurrido a las diversas emisoras a criticarnos, en este caso, a los fiscales o policías que somos abusivos (...) el apu es su máxima autoridad, si el apu nos dice, ‘doctor, usted no venga’, no nos dejan ingresar. Nosotros no podemos tampoco entrar a sus comunidades”, expresó ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República, cita a la que no fue ninguno de los ministros citados.
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En otro momento, afirmó que intentaron prenderles fuego cuando fueron a detener a pedófilos. “Nos quisieron prender gasolina”, reveló.
Medina reveló que en la provincia de Condorcanqui hay 533 casos de abuso sexual reportados. Asimismo, dijo que hay más de 1 000 agresiones físicas en contra de mujeres indígenas wampís.
“Condorcanqui no cuenta con laboratorios, la división médico legal esta en Bagua. (Las víctimas) veces tienen que ir a lima o Chiclayo. Solo tenemos una psicóloga en Condorcanqui, por la distancia muchos no se presentan a los concursos. El 2023 convoco a dos médicos legislas con sueldos de 9 mil soles pero no se presentaron”, remarcó.
Agregó que “otra problemática es la falta de refugios y albergues donde puedan quedarse las víctimas”.
Por ello, pidió apoyo al Ministerio de la Mujer para crear estos centros de acogida en la zona.
Los abusos cometidos por profesores ocurrieron en las residencias estudiantiles de la región Amazonas.
Debido a que las comunidades nativas están tan lejos, se decidió instaurar estas residencias en donde más de 20 niñas y niños (por cada centro) pasan toda la semana. Algunos se quedan meses debido a que sus padres no cuentan con los recursos para ir a recogerlos.
La profesora Rosemary Pioc, quien denunció estas vejaciones execrables, detalló que la situación de vulnerabilidad de las niñas es aprovechada por los docentes pedófilos y cuidadores de estos centros, que impunemente violan a las pequeñas al verlas desprotegidas.
Para que no ingresen los pedófilos en las noches, han tenido que poner alambres y púas debajo de los techos. Las paredes son de tablas que están podridas y muy gastadas, incluso rotas. El único lavadero no funciona. Tampoco tienen duchas ni cuentan con luz eléctrica. Además, las escolares almuerzan en el piso porque no cuentan con mesas. ¿Estas condiciones indignas serán atendidas con urgencia por el Estado?
No cuentan con colchones sino con colchonetas desgastadas que están puestas sobre tablones. Cada cama es compartida por dos estudiantes. Además, no tienen mosquiteros y en la zona hay gran cantidad de zancudos, lo que también las hace vulnerables ante el dengue, malaria y otras enfermedades.
La pobreza es tal en estos lugares recónditos que las pequeñas ni siquiera pueden comprar un paquete de toallas higiénicas. Esto hace que pidan ayuda a los profesores, que les exigían sexo a cambio de darles las toallas sanitarias. Aquí, la vida y la dignidad no valen nada. Hasta ahora, estos docentes gozan de protección pues no hay ni uno solo en la cárcel. Con jueces de la calaña del prófugo César Hinostroza y su repudiable audio: “¿Cuántos años tiene? ¿Diez años?… once añitos. ¿Pero está desflorada? Ya, ¿pero quién le ha hecho eso? Voy a pedir el expediente para verlo, ¿ya?. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que le baje la pena o que lo declaren inocente?”, será difícil encontrar justicia.
Perú21 conversó sobre este tema con el médico infectólogo y docente investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Víctor Manuel Chávez Pérez, quien dijo que es primordial que las menores reciban atención médica.
“Se debe hacer una evaluación completa, pero esta no se va a poder realizar en sitios alejados. Las menores deben ser llevadas a un hospital de nivel 3. La evaluación incluye la parte psicológica, social, así como nutricional, y exámenes de laboratorio. Es la forma en que se trabaja, pero definitivamente no se va a poder dar en las comunidades alejadas donde están”, explicó.
Además, refirió que en muchos casos, los contagios de VIH van acompañadas de otras infecciones de transmisión sexual: “En el acto sexual, una infección de transmisión sexual, en este caso el VIH, nunca viene sola, también puede darse el contagio de otros tipos de gérmenes, por eso es importante una evaluación amplia. Ahora, de acuerdo con la edad, las víctimas también tendrían que ser atendidas en el área pediátrica. La recomendación es que vayan a un hospital general de mayor nivel resolutivo”.
“No se puede dejar que continúe un embarazo sin tratamiento que antirretroviral pues se debe impedir la transmisión vertical. Debe darse los medicamentos, independientemente de la evaluación en la gestación y de descartar otro tipo de procesos infecciosos. También deben hacérsele exámenes para ver cómo está su hemoglobina, su estado nutricional y cómo va creciendo ese niño”, expresó.
“Los responsables de la región deberían asumir esa responsabilidad, con todos los gastos de traslado con sus tutores o cuidadores. El hospital es responsable por las acciones de salud, pero el gobierno regional debería ser responsable de que las niñas lleguen al hospital”, sostuvo Chávez.
Además, debe capacitarse a algún promotor para que pueda servir como traductor debido a que estas niñas víctimas, en su mayoría, hablan idioma awajún.
Las menores violadas también necesitan ser atendidas por especialistas en salud mental.
“Son varias cosas y todas van a incidir muy fuertemente para aceptación, primero, del embarazo, lógicamente. Segundo, el hecho de tener que tomar su medicación. Aparecen las depresiones, además, al ser adolescentes tienen sus propias inquietudes y si no tienen acompañamiento, la cosa va a estar muy difícil. Por eso, acá hay responsabilidad no solo de la comunidad donde viven, sino de las autoridades regionales y nacionales. Necesitan llevar terapia psicológica, no solo una cita. Esto afectará su desarrollo personal si es que no lo tratan”, detalló el experto en infectología.
“Después de la evaluación, que no debe tardar más de una semana, las niñas deberían empezar a tomar inmediatamente sus medicamentos antirretrovirales. Primero se evalúa en qué momento está de la infección. Si es un cuadro avanzado, va a tener muchísimo riesgo de tener muchas enfermedades que le pueden dar a la vez y agravar su estado de salud. Yo creo que se debería actuar ya mismo”, agregó el doctor Chávez Pérez.
Agregó que en el caso de la transmisión vertical, es decir, contagio de VIH de madre a hijo, si no hay control médico y medicación, sumado a una mala nutrición, puede acabar con la vida del bebé en corto tiempo: “A los 2, 3, o 4 años, los niños comienzan a tener signos de sida y fallecen al quinto año”, advirtió.
En otro momento, el docente investigador consideró que principalmente los profesores y los responsables de las comunidades indígenas, así como los adultos en general deberían recibir clases de educación sexual.
“La capacitación y el entrenamiento en el tema significa asumir una responsabilidad y un compromiso sobre ese asunto en su comunidad, sino cómo vamos a cuidar de estos niños. Debe haber promotores de salud dentro de la comunidad”, enfatizó.
Como dato final, dijo que una buena práctica en una pareja es que acuda al centro de salud para realizarse exámenes y hablen abiertamente sobre su pasado sexual, pues muchas personas tienen algún tipo de infección de transmisión sexual.
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