A pesar de haber presentado su cargo a disposición el último lunes, Walter Ayala aseguró que no tiene motivos para renunciar. (Eduardo Cavero/ @photo.gec)
A pesar de haber presentado su cargo a disposición el último lunes, Walter Ayala aseguró que no tiene motivos para renunciar. (Eduardo Cavero/ @photo.gec)

El Ministerio Público inició investigación preliminar contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, y los que resulten responsables, por las presuntas presiones ejercidas en los ascensos en las FF.AA., luego de que excomandantes del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) denunciaran presiones por parte del Ejecutivo

La medida del Ministerio Público indica que la investigación preliminar a los altos funcionarios corresponde a la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, previstos y sancionados en el Código Penal.

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La investigación también compromete, quien ha sido señalado por los salientes comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) de presionarlos para ascender a militares de la preferencia del mandatario. Sin embargo, la Fiscalía señala que la inclusión del funcionario se debe a una “estrategia más adecuada para el caso” amparada por el Código Procesal Penal “concordancia con los principios de economía y celeridad procesal”.

La Fiscalía señala, a través de un comunicado, que la decisión fue tomada “luego de realizar un exhaustivo y riguroso análisis de todas las declaraciones públicas formuladas por los ex altos oficiales, así como del titular de Defensa, en torno a los últimos ascensos en las Fuerzas Armadas”.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público recogerá los testimonios del ministro Walter Ayala, del secretario general Bruno Pacheco, y de los ex comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú, José Vizcarra Álvarez y Jorge Chaparro Pinto.

Procuraduría pidió a Fiscalía iniciar investigación contra Bruno Pacheco

El último martes, El procurador Javier Pacheco, a través de un oficio, solicitó a la Fiscalía iniciar una indagación por “el presunto delito contra delito contra la administración pública, en modalidad de tráfico de influencias”, en agravio del Ejército y el Estado.

En esa línea, solicitó disponer la realización de las diligencias correspondientes del caso, “a fin de que oportunamente se halle la responsabilidad penal”

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