Tras las rejas. Exmandatario fue extraditado en abril desde EE.UU. y hoy cumple prisión preventiva. (Poder Judicial)
Tras las rejas. Exmandatario fue extraditado en abril desde EE.UU. y hoy cumple prisión preventiva. (Poder Judicial)

fue extraditado desde Estados Unidos por el caso Odebrecht, en el que se le acusa de haber recibido US$35 millones en coimas de la empresa brasileña, pero debe afrontar otros tres procesos penales igual de graves. Además de este, el de Ecoteva y el del Tramo IV de la Interoceánica, el exmandatario debe responder por los aportes ilícitos que ingresaron a su campaña presidencial de 2011.

La investigación inició en 2019, que la compañía financió las actividades proselitistas de Toledo con US$700 mil.

Pero lo que ha encontrado la Fiscalía es que la firma brasileña no fue la única fuente de ingreso ilegal.

La indagación, que se encuentra en fase preparatoria desde junio de 2022, recoge un informe de Perú21 publicado en 2014 en el que se revela que empresas de República Dominicana también aportaron.

Las compañías, según la Fiscalía, eran parte de una red de corrupción que habría dirigido el senador dominicano Félix Bautista y sus familiares entre 2004 y 2012.

El Ministerio Público ha consignado declaraciones de Javier Reátegui, exsecretario general de Perú Posible (PP), en las que este confirma sus reuniones en Lima con Bautista y empresarios caribeños que expresaron su disposición de apoyar económicamente al exmandatario.

“Ellos (los empresarios) comulgan con el gobierno de Toledo porque fue un gobierno de democracia con crecimiento económico y reducción de pobreza, y que, por tanto, quieren apoyar y aportar a su campaña”, refirió Reátegui, de acuerdo a documentación que obra en manos de los fiscales.

Si bien el partido de la chacana declaró a la ONPE que recibió en total S/1′574,800 de nueve empresas dominicanas, esos recursos no ingresaron a la cuenta en soles de la extinta organización política como exigía la ley electoral.

Para el equipo que lidera el fiscal Rafael Vela, los montos fueron manejados irregularmente por Reátegui y la entonces tesorera Lydia Rodríguez, ya que ambos figuran como titulares de otros movimientos financieros realizados por PP.

Dinero lavado

La Fiscalía tiene evidencias que demostrarían que Perú Posible lavó casi US$4 millones y cerca de S/2 millones con el dinero que recibió para la campaña del 2011, que finalmente ganó Ollanta Humala.

La cuenta en dólares de PP registró US$517,000 que, según Reátegui, provinieron de República Dominicana. No obstante, Lydia Rodríguez hizo depósitos por US$800,000 que son un excedente al aporte de las empresas.

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Y por si no fuera poco, Rodríguez abonó otros S/969,000, cuya procedencia es desconocida.

Además, en 2010, Javier Reátegui recibió transferencias que ascienden por separado a US$589,750 y S/35,293 que eran destinadas para los comicios.

No obstante, en 2011, ya con la campaña perdida, se detectó que este y su esposa compraron una lujosa casa en La Planicie, La Molina, por el valor de US$625,440.

Otra prueba del presunto lavado es que el exdirigente le vendió al expresidente Toledo un auto por US$6,000, pero no presentó ante la Notaría alguna constancia que acredite la transferencia del dinero.

La millonaria reparación civil que pide la Procuraduría Lava Jato por el caso aportes de campaña de Alejandro Toledo.
La millonaria reparación civil que pide la Procuraduría Lava Jato por el caso aportes de campaña de Alejandro Toledo.

Por su parte, el exjefe de Estado, hoy preso en el penal de Barbadillo, pagó una deuda bancaria en 2012 que ascendió a US$542,824.

La hipótesis fiscal es que Toledo y sus coinvestigados aprovecharon los aportes de campaña para usar ese dinero en gastos personales.

Tenga en cuenta

-La Fiscalía solo está habilitada para enjuiciar a Alejandro Toledo por el caso Odebrecht, ya que consiguió su extradición únicamente por ese proceso. Para procesarlo por los otros tres expedientes, Perú debe pedir autorización a EE.UU.

-Por el caso aportes, la Procuraduría Lava Jato ha pedido al Poder Judicial una reparación civil de US$15′744,089 y S/7′889,313 que deberán pagar Toledo e investigados.

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