Violencia irracional

Fecha Actualización

11/01/2023 - 07:05

Los últimos hechos de sangre registrados en Puno han sido de terror. Todo el país ha sido testigo no de movilizaciones de protesta o marchas ruidosas pero pacíficas, sino de actos criminales.

Al medio día del lunes, unos 2 mil individuos se apostaron en los exteriores del aeropuerto de Juliaca e intentaron sabotearlo. Las fuerzas de seguridad, que se encontraban en franca minoría, dispararon para salvar sus propias vidas. La asonada dejó 17 civiles muertos y 75 policías heridos.

Según cálculo del gobierno, horas antes del ataque al aeropuerto, 9 mil personas llegaron a Juliaca desde diferentes provincias de Puno para sumarse a las movilizaciones y pronto causaron destrozos en la propiedad pública y privada. Saquearon negocios, quemaron viviendas y robaron vehículos.

Un grupo de desadaptados se dedicó a bloquear y apedrear ambulancias. El resultado: un niño fallecido por falta de atención.

Más tarde, en un arrebato homicida, esa turba incendió un auto patrullero y quemó vivo a uno de los policías que se quedó atrapado en él.

Lo que se ha podido observar durante estos actos vandálicos, porque no se les puede llamar protestas ni manifestaciones –que gozan de reconocimiento constitucional si se desarrollan pacíficamente– es que los caracteriza un nivel de organización perfectamente afiatado para el asalto, para sembrar violencia y sumir a las ciudades en el caos.

Los autores intelectuales son los azuzadores de siempre, los que empujan al enfrentamiento a los pobladores más descontentos, muchos de ellos jóvenes, sin que les importe poner en riesgo sus vidas en su afán de conquistar para ellos el poder.

Ya se ha visto –conviene recordarlo– que su plataforma es 100% política, para nada reivindicativa de derechos sociales o económicos concretos, ni tampoco para cubrir necesidades regionales. Lo que hay detrás del conflicto en Puno es una articulación de intereses nada santos en los que confluye la minería ilegal, el narcotráfico y los intereses trasnochados de los extremistas del Movadef.

Perú21 lamenta la muerte de ciudadanos peruanos, que no deberían ocurrir en un Estado de derecho. Pero acusa, también, las intenciones de quienes mueven los hilos de las revueltas. Y los acusa por violentos, por abiertamente sediciosos, y por cerrar toda opción de diálogo o entendimiento.

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