El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, ha anunciado que habrá una revisión de la ley que asigna financiamiento público a los partidos que tienen bancada en el Congreso.
El pasado 2 de diciembre, los montos oficiales para el financiamiento público directo fueron aprobados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). Esta vez alcanzan casi los 78 millones de soles, que se distribuirán entre cada partido con representación nacional durante el periodo 2021-2026.
La norma indica que el 40% de ese total que se otorga a los partidos se reparte en forma igualitaria y el otro 60% en forma proporcional a los votos obtenidos por cada organización política en la elección de representantes al Congreso.
Y según la Onpe, las agrupaciones políticas deberían destinar el 50% de este monto en “actividades específicas como la formación, capacitación e investigación”. La otra mitad en el “funcionamiento ordinario del partido”. ¿Cuántas de las organizaciones subsidiadas hacen esto? La respuesta la conocemos todos.
El reparto se refleja inicialmente en la formación de los grupos parlamentarios, pero luego muchos de estos terminan reducidos a la mínima expresión, como es el caso de Perú Libre. El partido del prófugo exgobernador de Junín, de haber logrado colocar 37 representantes en julio de 2021, hoy no pasa de tan solo 11 curules, digamos que propias. Pese a ello, la organización que lidera este prófugo de la justicia recibe poco más de un millón de soles cada semestre.
La revisión del tema se justifica, pues, plenamente. Pero debe aprovecharse el momento, también, para reformar el mecanismo de contribuciones privadas a las campañas electorales. Recordemos que, mientras se ponen severas restricciones a las donaciones formales de empresas y personas, otros aportes llegan a algunos candidatos de fuente ilícita, de actividades criminales como la minería ilegal, el narcotráfico o las extorsiones, que tarde o temprano, visible o taimadamente, terminan manifestándose en el Congreso.
Lobbies en favor de economías que socavan el imperio de a ley y, en general, el estado de derecho, afectando de paso la credibilidad de la democracia en el país. El país es testigo de la retahíla de normas que se han aprobado para favorecer estos intereses. Y sin transparencia ni regulación clara en la financiación de los partidos, pues el mal solo se va a extender o multiplicar.
De prosperar, la iniciativa podría poner algún freno a tanto despropósito legislativo, pero también dejar en evidencia a quienes sostienen –abierta o soterradamente– a las representaciones parlamentarias.
