A un mes de entregar el cargo a Claudia Sheinbaum, sucesora de la presidencia en México, Andrés Manuel López Obrador acelera el paso para capitalizar el triunfo electoral de junio.
La aplastante victoria del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y la coalición integrada por los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), permite a la alianza de gobierno captar los dos tercios en la cámara de Diputados y quedar a un solo escaño de lograr la misma proporción en los asientos del Senado. La denominada mayoría calificada, fórmula mágica que permite aprobar reformas constitucionales.
La ventaja política conquistada en las urnas se concreta el domingo 1 de septiembre, cuando comienza la nueva judicatura del congreso. Apenas dos días después AMLO busca capitalizar su victoria.
La Cámara de Diputados programa la votación de la reforma judicial para el martes 3. Se trata de un pilar fundamental en la agenda reformista del gobernante de izquierda, que sentará las bases para implementar otros cambios en el país. La propuesta forma parte del Plan C, presentado en febrero, que se compone de un paquete de 18 reformas constitucionales. La iniciativa incluye varios programas implementados en la administración de gobierno que se podrían elevar a rango constitucional.
Pero el rechazo a la reforma judicial pone en alerta a miles de trabajadores y jueces que, en el marco de un paro indefinido de actividades, deciden bloquear el acceso al Palacio de San Lázaro. La medida de fuerza no impide a los legisladores acudir a una sede alterna con el objeto de aprobar las modificaciones que estipulan la elección, por medio de voto popular, de los magistrados y jueces del sistema federal de justicia.
Los manifestantes rechazan los cambios porque estiman que atentan en contra de la independencia del poder judicial y la función de contrapeso nacional. Entre sus consignas destaca “juez votado, corrupto asegurado”. Expertos señalan que la medida favorecerá la selección política de candidatos en desmedro del mérito y las habilidades profesionales. Algunos incluso temen que la reforma permita que el crimen organizado financie candidaturas según sus propios intereses.
Por su parte, AMLO busca establecer un “verdadero” estado de derecho, acabar con estructuras de poder “corruptas”, en que los jueces “no estén al servicio de una minoría”.
Organizaciones como Human Rights Watch y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados alertan porque la reforma socava la independencia judicial. Inversionistas y calificadoras de riesgo también expresan aprehensiones respecto de la seguridad jurídica de las inversiones y la percepción de estabilidad. En línea con lo anterior, el peso mexicano cerró a la baja el miércoles acumulando un 16% de depreciación, desde junio.
Últimamente, los jueces trasladan su protesta al Senado, donde el gobierno debe negociar un único voto para que esta semana cobre vida la reforma judicial. La medida tiene máxima prioridad para el Ejecutivo. Queda a la espera una larga lista de promesas de campaña, en salud, pensiones, salarios y vivienda, entre otros.
A simple vista, la estrategia electoral de la izquierda dio los resultados esperados en junio: ofrecer un atractivo paquete a la ciudadanía, que permita alcanzar los votos necesarios para todo tipo de reformas. Beneficios sociales a cambio de un debilitamiento en la democracia.
