Combis y coasters de la empresa Orión ahora circulan con nombres como Holrex y HRE Express. (Dante Piaggio / El Comercio)
Combis y coasters de la empresa Orión ahora circulan con nombres como Holrex y HRE Express. (Dante Piaggio / El Comercio)

Un día como hoy, pero en 1991, se publicó el D. Leg. 651 que llevó al transporte urbano al colapso actual. Se pasó de un sistema público a uno privado, estableciendo libre acceso a rutas y libre competencia tarifaria. Todo al son de ‘¡desregulemos todo!’. Como si este fuese un servicio cualquiera.

Se dejó de exigir requisitos técnicos mínimos que los vehículos debían cumplir. Además, en 1992 se legalizó la importación de vehículos usados (hasta 2009), por lo que las calles fueron invadidas por unidades antiguas e inseguras. Cualquier persona con cualquier vehículo de cuatro ruedas podía salir a recoger pasajeros.

El D. Leg. 651 tampoco estableció reglas para la conformación de empresas de transporte. Las nuevas compañías notaron que no era necesario comprar vehículos para entrar en el negocio, así que buscaron dueños de buses a quienes afiliaron mediante un pago. Así surgió la empresa cascarón y comisionista que, al no ser dueña de los buses, no asume el pago de la reparación civil ante un accidente. También surgió el chofer emprendedor que tiene que pisar a fondo para ganar cada sol.

Veintisiete años después el saldo es manifiestamente negativo: pérdidas económicas enormes, empleo precario y más de una persona muerta al día en accidentes de tránsito solo en Lima. Basta salir a la esquina para verificarlo.

La libre competencia suele generar eficiencia, pero trasladarla al transporte para que los choferes luchen entre sí en las calles ha demostrado ser una receta para el fracaso. Un buen sistema de transporte requiere fuerte presencia estatal para la más rigurosa regulación. También para asegurar el rol social de este servicio esencial. Nada justifica mantener un modelo que no funciona.

*Aquí pueden leer una versión ampliada de esta columna:

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