[Opinión] Richard Arce: Un triunfo pírrico para Castillo

La decisión del Tribunal Constitucional de declarar fundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por los abogados de Castillo contra el trámite de acusación por traición a la patria que se sigue en el Congreso, es una buena noticia en esta coyuntura especial que estamos viviendo de polarización política, sobre todo con la presencia de la Comisión de la OEA.

Lo que corresponde es suspender la acusación constitucional en marcha que tenía que ya ser vista por la Comisión Permanente del Congreso. Ahora tendrán que cumplir la resolución del TC para mostrar las credenciales democráticas y el respeto a las decisiones jurisdiccionales.

Así podría caer toda la estratagema diseñada en Palacio –que convocó a la OEA con la activación de la Carta Democrática–, porque quedaría demostrado que en el Perú no hay ninguna persecución política y menos un ánimo golpista, que simplemente las entidades que imparten justicia están actuando en el marco de la  ley y la lucha frontal contra la corrupción.

En realidad, era un despropósito continuar con el procedimiento de acusación constitucional por traición a la patria, puesto que no correspondía y dejaba mal parado al Congreso. No lo entendieron así y siguieron empecinados, ahora han tenido que ser enmendados por el TC porque expresamente manifiesta la transgresión al debido proceso en sede parlamentaria.

Lamentablemente se tiene un sector conservador en el Congreso que se empecinaba con esta acusación, a sabiendas que más bien le facilitaba a Castillo la construcción de una narrativa de persecución política y abuso de autoridad.

Pero tengan en cuenta que esta decisión no santifica a Castillo. Al contrario, solo han ganado una batalla pírrica para lo que representa la acusación constitucional presentada por la fiscal de la Nación, en la que, ahí sí, el presidente está seriamente involucrado en presuntos actos de corrupción.

Ahora corresponde a la Subcomisión centrarse en la denuncia constitucional de la Fiscalía para seguir el debido proceso y lograr que las evidencias en materia probatoria sea suficientes para que el Congreso, por una vez, esté a la altura de las circunstancias.