Gustavo Petro y el camino a la inestabilidad en Colombia | OPINIÓN

Los secuestros aumentan un 90% en el 2023, alcanzando la cifra más alta en los últimos diez años. Este dato, junto a un incremento en los índices de extorsiones y homicidios, impacta negativamente la percepción de seguridad ciudadana. En los primeros meses del 2024 habría disminuido la cantidad de denuncias, pero téngase en cuenta que en el periodo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) interrumpe sus prácticas delictivas en el marco del proceso de paz que negocia con el gobierno. Queda ver qué ocurrirá luego que la guerrilla diera por terminada la suspensión de “retenciones económicas” argumentando que la contraparte ha incurrido en el incumplimiento de un punto en el acuerdo de cese al fuego. El anuncio, difundido a principios de mayo, provoca amplio rechazo pero, a su vez, incita a observar de manera más crítica el rol del gobierno en la implementación de los acuerdos de la década pasada y en las negociaciones de la Paz Total.

El último miércoles el mandatario sorprende a la opinión pública señalando que el acuerdo de paz de 2016 está “hecho trizas”. Responsabiliza a su predecesor de seguir los intereses del “gran capital” por los que supuestamente habría gastado el dinero requerido para la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Los responsables de implementar el acuerdo en la administración anterior demuestran lo contrario con cifras que, a simple vista, parecen convincentes. No solo llama la atención la acusación del actual jefe de Estado, sino que también la narrativa empleada, al señalar que la construcción de autopistas 4G solo beneficia a una parte privilegiada de la población, desconociendo el aporte de la infraestructura en la interconexión del territorio. Desde otro ángulo, se aprecia que la sentencia apunta a desviar la mirada ante su incapacidad. Voces críticas señalan la escasa actividad por implementar el acuerdo de 2016, con excepción de avances en reforma agraria.

En cuanto a la Paz Total es lógico negociar la pacificación con el ELN, único remanente de los más de 60 años de guerra política, y someter a la justicia a las 53 organizaciones criminales que operan hoy en Colombia. En el proceso tiene sentido distinguir entre guerra política y conflicto criminal. Una amplia mayoría en el Congreso apoya ese planteamiento, pero a juicio del senador Ariel Ávila, el Ejecutivo comete tres errores en la implementación. Primero, reconoce políticamente a las disidencias de las FARC, no queda claro el motivo de esa iniciativa a la vista que en la década pasada ya se negoció con esa guerrilla y se determinó que los militantes que no se plegaran iban a ser combatidos. Desde otra perspectiva, solo partes de la disidencia buscan un acuerdo. Segundo, propicia acercamientos con organizaciones criminales en ausencia de un marco jurídico. Y cuando se presenta un esquema regulatorio, el legislativo carece de los votos para respaldarlo. De este modo, queda en el aire una hipotética pacificación de movimientos tales como el clan del golfo y los conquistadores de la sierra. Finalmente, una crisis de seguridad tiene en alerta a la población y pone en entredicho la verdadera capacidad del gobierno de enfrentar la situación.

Esta semana las disidencias de las FARC publican un “nuevo manual de convivencia” en que establecen las condiciones de control aplicable al departamento de Caquetá. Como “autoridad legítima del territorio” establecen una serie de normas que van desde la exigencia para construir reductores de velocidad en las carreteras hasta la prohibición de compartir rumores y chismes. Entre otros, admiten que seguirán las extorsiones que serán pagadas según la capacidad adquisitiva de las víctimas. El documento advierte que quien no cumpla, paga o es asesinado. Textos similares se habrían presentado en Antioquia, Arauca, Cauca, Meta, Nariño y Norte de Santander.

Con todo, las señales están lejos de ser auspiciosas. La carencia de un mecanismo para enrielar a las fuerzas criminales hacia la justicia, las limitaciones para implementar la paz del 2016 y la incapacidad de encausar la política de la Paz Total representan señales negativas, muy difíciles de revertir antes que Petro termine su periodo, el 2026. Pero más serio aun es que, en su conjunto, los tres problemas apuntan a una crisis potencial de gran escala que podría integrar problemas de inseguridad ciudadana y guerra política, donde no hay incentivos para entregar las armas. En resumidas cuentas, se avecina una tormenta perfecta que nos permitirá apreciar de qué madera está hecha el líder de izquierda y ex guerrillero. Las próximas medidas políticas permitirán descifrar si pretende ajustar las medidas para alcanzar la pacificación o si busca generar inestabilidad, siguiendo la receta de otros gobiernos radicales de izquierda en la región.