Sí, pero no

Sin embargo, lo que hizo la fiscal Ávalos con una mano lo deshizo con la otra, pues dispuso suspender las investigaciones hasta que Pedro Castillo culmine su mandato. Es decir, casi como que lo hizo por las puras. La Constitución dispone que no se acuse a un mandatario en ejercicio, pero no dice que no se le puede investigar. La decisión es inexplicable porque la misma Zoraida Ávalos dice en su resolución que “existen suficientes indicios” que podrían ser calificados como delitos.

En efecto, hay un cúmulo de indicios y evidencias. Por ejemplo, solo en el caso de Petroperú, de qué magnitud habrá sido el desaguisado que quedó a la vista de todo el país, que incluso la empresa estatal, que le dio el contrato por US$74 millones de biodiesel a la empresa de Abudayeh, tuvo que anularlo prácticamente ipso facto, a poco de destaparse el caso.

La abogada penalista Romy Chang explica bien la situación jurídica: “Esta decisión de Zoraida Ávalos es un saludo a la bandera. No tiene ningún sentido abrir investigación y reconocer que existen elementos que harían al presidente presunto responsable de delitos tan graves, e inmediatamente suspender todas las diligencias”.

Castillo tiene demasiado por aclarar sobre su participación en estos feos embrollos -contando el caso de los 20 mil dólares hallados en el baño de su exsecretario presidencial Bruno Pacheco- que, desde ya, huelen a delito in fraganti. Un desperdicio para la investigación que no lo pueda hacer ahora.