Pedro Castillo. (Foto: @photo.gec)
Pedro Castillo. (Foto: @photo.gec)

La decisión del Congreso de no concederle la autorización al presidente Castillo para que viaje a Colombia, a la asunción de mando de Gustavo Petro, es una muestra de la situación excepcional que vive el Perú.

No tengo recuerdo vigente de la última vez que un Congreso denegó la autorización para la salida del país a un presidente, por lo que es importante analizar el contexto de esta decisión. Además, es la muestra del nivel al que se ha llegado en la desconfianza y el riesgo de fuga del propio presidente ante la abundancia de pruebas que lo involucran en actos de corrupción.

Más aún con la noticia no confirmada de la entrega del exministro Juan Silva, que remeció el ambiente político, y quien –se dice– se estaría sometiendo a una colaboración eficaz. Esto significaría que se cierra el círculo de las denuncias de corrupción porque se tendrían las evidencias que involucran al jefe de Estado en un tinglado desde Palacio para enriquecerse con coimas.

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El mensaje es también que el presidente responda primero a la justicia, que no se sustraiga con viajes protocolares, porque es importante esclarecer los delitos que se le imputan por ser el presunto cabecilla de una organización criminal que desde Palacio estaría saqueando el país.

Y, a propósito de rendir cuentas a la justicia, según los trascendidos de su declaración ante la Fiscalía, se sabe que se abstuvo de dar respuesta al cuestionario de preguntas, algunas de las cuales estaban referidas a anotaciones de su puño y letra en las que daba órdenes para el ascenso de generales de la Policía Nacional. Se limitó a expresar que se acogía a su derecho a guardar silencio por consejo de sus abogados.

Lo surrealista es que el presidente después saque tuits que irónicamente expresan su voluntad para colaborar con la justicia y toda su predisposición para ir las veces que sea necesario a la Fiscalía para rendir cuentas. La realidad es totalmente distinta.

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