[Opinión] Javier Alonso de Belaunde: Redoble en la corte

Actualizado el 20/10/2021, 07:00 a.m.

La noticia de un nuevo caso en el sistema interamericano de derechos humanos ha generado gran interés en la comunidad académica regional. Puede propiciar la primera sentencia de la Corte IDH que desarrolle de forma central los alcances del derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Nuestro país tiene un lugar reservado en esta discusión: somos el Estado demandado.

Al menos 65 personas reclaman la afectación sufrida a sus derechos por décadas de contaminación por metales pesados en las emisiones de aquel desastre ecológico llamado Complejo Metalúrgico La Oroya. En el caso se propone discutir la responsabilidad del Estado como operador directo (Centromín-Perú) y, luego de su privatización, como regulador, supervisor y fiscalizador de la actividad minera del complejo.

Esto ocurre en el contexto del reciente reconocimiento del Consejo de DD.HH. de la ONU del derecho de acceso a un medio ambiente saludable y sostenible como un derecho universal. Un esfuerzo por establecer una herramienta que ponga a los derechos en el centro de la acción para revertir el aumento de las enfermedades de origen zoonótico (como el COVID), la emergencia climática, la contaminación tóxica y la pérdida de biodiversidad. En definitiva, para que, parafraseando a Scorza, la actividad minera irresponsable (también hay la ejemplar) deje de inaugurar tanto nuevo cementerio.

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Como reseña la CIDH en su nota de prensa sobre el caso, los peticionarios cuentan con una sentencia del Tribunal Constitucional emitida a su favor en el año 2006 que las administraciones desde García a la fecha habrían venido incumpliendo.

Es una lástima que el autodenominado “gobierno del pueblo” de Pedro Castillo haya decidido seguir esa vergonzosa línea, litigando hasta el final contra los ciudadanos de La Oroya en lo que, a simple vista, parece ser un caso imposible de ganar para el Estado peruano. El camino de una solución amistosa (una suerte de acuerdo de transacción) evitaría el desprestigio internacional y, sobre todo, brindaría a las víctimas un acceso más rápido a la justicia.