No, la razón del malestar es una mucho más terrenal: los “científicos bambas utilizan esta práctica para inflar sus CV y así acceder a cargos, bonificaciones y aumentos salariales —muchos de ellos con dinero público—, así como para aumentar sus posibilidades de ganar subvenciones, fondos de investigación y consultorías. Es decir, no solo se afecta la calidad y el prestigio de nuestra ciencia, sino que se perjudica económicamente al Estado. En el centro de todo ello está una equivocada política de fomento a la investigación, que obliga a docentes y universidades a publicar para subsistir, sin haberse preocupado de invertir para consolidar grupos de investigación bien remunerados, dotados de infraestructura y equipos, capaces de generar contenido original y competitivo. Por ello, la Ley Universitaria debe ser modificada a fin de promover —mas no imponer— la investigación, permitiendo la contratación por separado de docentes e investigadores en universidades. Asimismo, CONCYTEC debe eliminar el incentivo perverso de RENACYT como sistema de calificación profesional, y limitarlo a una base de datos. Finalmente, urgen cambios normativos para sancionar el fraude científico con el retiro de grados y títulos, y la imposibilidad de volver a investigar en el país.