El tema de hoy: Auténtica re-re-reelección

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia declaró inconstitucional limitar la reelección de los presidentes en dicho país. La medida con nombre propio busca allanarle el camino al presidente Evo Morales para concretar su cuarto mandato consecutivo.

No bastándoles la vergonzosa derrota del referéndum de 2016, en el que una mayoría rechazó cambiar la Constitución para permitir la reelección de Morales, un TCP sumiso y subordinado a los antojos del mandatario ahora sienta un peligroso precedente para la región. No solo porque pisotea la voluntad popular, sino porque se sirve de aberrantes e incongruentes leguleyadas para hacerlo.

Con un aparente discurso a favor de los derechos humanos, el TCP arguyó que el artículo 23 de la Convención Americana está por encima de cualquiera de sus disposiciones internas. Algo que, a todas luces, revela una tergiversación del mismo. Y no hace falta hurgar mucho para saberlo.

Cuando el Pacto de San José reconoce que todos los ciudadanos tenemos derechos políticos como participar libremente de elecciones para acceder a cargos públicos, exige que estos sean desarrollados “en condiciones de igualdad”. Morales está en el poder desde enero de 2006. En 2009 redactó la Constitución que hoy rige y habilita la reelección por única vez. En 2014, al mismo estilo de Alberto Fujimori, vía interpretación auténtica, postuló alegando que el primer periodo presidencial no podía ser contabilizado y terminó ocupando un tercer mandato. Más de una década en el poder, sediento por más, ¿qué “igualdad de participación política” tiene cualquiera frente a un mandatario que usa y abusa de toda la maquinaria del Estado para perpetuarse en el cargo?

Los derechos humanos nacen para defendernos del abuso de poder. Más, si viene del gobierno. Es la democracia precisamente lo que permite limitarlo. Así lo reconoce la Convención Americana. Por eso, es una contradicción pretender ampararse en los derechos humanos para suprimir la alternancia en el poder, el control del mismo y la igualdad política, piezas claves en toda democracia. Pero más aberrante aún es hacerlo a costa de la expresa voluntad del pueblo.