La última resolución del Poder Judicial, que declara proscrito al partido de Antauro Humala, es importante para fortalecer nuestra democracia, porque evidentemente genera un precedente determinante para cualquier incursión política que pretenda subvertir nuestro sistema democrático y el Estado de derecho.
Ciertamente, hay una delgada línea que nos divide entre la discrepancia política y, otra muy distinta, no creer en los valores democráticos. Se puede estar en las antípodas de las posiciones políticas y se respeta la posición, entendiendo que el debate político permite consensuar posiciones divergentes; pero algo muy distinto es invocar valores antidemocráticos, como el ajusticiar a exautoridades —ganas no nos falta—, pues para ese problema existe el sistema de justicia que, aunque imperfecto, puede tranquilamente sancionar los actos de corrupción con penas de cárcel muy duras.
Tampoco se podría aceptar que exista un partido político que promueva el racismo y la xenofobia o que pretenda desaparecer minorías étnicas, como tampoco se puede aceptar que promueva la discriminación entre peruanos y que nos enfrentemos unos a otros. Estos no son valores democráticos; al contrario, debemos estar siempre alertas ante estas pretensiones. Si no, recordemos los objetivos que buscaba el Movadef, organización de fachada de los rezagos de Sendero Luminoso, la organización criminal y terrorista que asoló el país con más de 70,000 víctimas de la violencia estructural.
La resolución de inhabilitación del partido de Antauro se da en primera instancia. Ellos tienen todo el derecho de apelar y probablemente será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra.
Esta decisión judicial está amparada en nuestro sistema jurídico, pues en 2015 el Congreso aprobó una ley que le faculta al Poder Judicial decidir la inhabilitación de un partido político. Que quede claro que aquí no se está enmendando la plana al JNE; al contrario, la entidad electoral no tiene esta atribución, el sistema de justicia es el que se pronuncia a través de la Corte Suprema.
Lo que queda en el tintero es si partidos como Fuerza Popular y Perú Libre no deberían correr la misma suerte si hasta para la Fiscalía son considerados organizaciones criminales y su actuar político lo confirma.
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