El paro indefinido se realiza desde hace 10 días. (Foto: GEC)
El paro indefinido se realiza desde hace 10 días. (Foto: GEC)

El proyecto Tía María (US$1,400 millones de inversión) busca luz verde desde hace años. El agua será desalinizada sin afectar el agro en Islay y el transporte será por tren y no en camiones. A estas alturas, la oposición es más política que técnica.

El Ejecutivo apuesta por el diálogo, pero debe primar el principio de autoridad. No se puede ceder a las bravatas y los ultimátums del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres. La oposición antiminera de congresistas es ideológica, enfrentando la minería con la agricultura, cuando es posible la convivencia armoniosa de ambas actividades. Algunos no quieren el diálogo, sino agitación y boicotear proyectos extractivos. La pobreza como negocio.

Vizcarra es firme para enfrentar a un desprestigiado Congreso, pero timorato y dubitativo frente a los destemplados gobernadores. La licencia de construcción fue emitida por la autoridad competente de acuerdo a la ley. El Gobierno debe defender su propia institucionalidad sectorial.

Los recursos minerales son de todos los peruanos, no es del gobierno regional. La ubicación del recurso beneficia a la región con canon, empleo y desarrollo. Los recursos enterrados sirven poco, a futuro los minerales pueden sufrir devaluaciones importantes.

La señal de incertidumbre y rechazo a los proyectos mineros dejará una secuela negativa frente a inversionistas que pueden invertir en otros mercados. La inversión, exportaciones y empleo suman S/273 millones anuales de impuestos, S/5,460 millones de canon y regalías en 20 años, además de otros compromisos sociales.

Las reformas política y judicial no dan de comer. El escenario mundial podría complicarse, el sentido de urgencia se requiere para hoy y no para el futuro.

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