[OPINIÓN] Abraham Levy: “El Diablo está en los detalles: Ley 31863″

La Ley en cuestión tiene un solo artículo en la base declarativa de la ley con la justificación de cerrar (reducir sería más realista) la brecha de infraestructura en el sector para garantizar el acceso futuro al agua.

Establecida la necesidad y como única disposición complementaria, el Poder Ejecutivo a través de los ministerios de Vivienda, Agricultura y Energía y Minas en coordinación con los gobiernos regionales y locales deberán disponer “las acciones y medidas necesarias para cumplir con el objeto de la declaración”.

Desalinizar no es una cuestión de hacer o no hacer; es una cuestión de cuándo. El Rímac y sus diferentes trasvases que lo alimentan son insuficientes para atender la demanda de la capital. Atender la demanda de agua de los cientos de miles de ciudadanos de la capital que viven entre la margen derecha del Chillón y Ancón no es posible con los recursos hídricos disponibles y las complejidades que plantea construir una red hasta ellos. Lo lógico es una red que parta del mar desde una planta desalinizadora y desde allí empieza una red independiente a La Atarjea o a la planta de tratamiento del río Chillón. Esto por citar un ejemplo. El Estado es muy incompetente para atender la demanda actual y mucho más la proyectada, todo esto además tiene que pasar por la cordillera de regulaciones ambientales que el propio Estado se impone a sí mismo.

En el plano de aguas salobres de origen subterráneo, es bueno saber que muchos acuíferos sobrexplotados terminan resultando en fuentes de aguas salobres, como también lo son los miles de kilómetros de drenes en los valles de la costa.

Para que la Ley 31863 llegue a algo, tiene que haber un estímulo económico claro y yo tengo serias dudas de que el MEF pueda encontrar rentabilidad en cualquier iniciativa pública para poder acceder a la billetera fiscal.

Mejor es soplarle la pluma al privado; que él asuma el riesgo a cambio de beneficios. Y en este punto me refiero a lo más urgente: agua para la población. El Estado peruano sigue siendo incapaz de llevar agua a su población. Las plantas de desalinización son costosas, requieren un permanente mantenimiento y consumen mucha energía.

Hoy en el Perú la absoluta mayoría de estas plantas son pequeñas y operadas por privados para usos industriales o comerciales. Inclusive mineros.