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Redacción PERÚ21

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Carlos Meléndez,Persiana AmericanaLas elecciones permiten el recambio de autoridades, pero también de grupos de intereses alrededor de ellas. Cada nuevo alcalde o presidente regional llega al poder para responder no solo a su electorado, sino a los grupos de poder que le patrocinaron. Mientras en ciudades como Lima estos intereses privados son más o menos visibles –gracias a la prensa, principalmente–, en el interior del país no resisten el menor escrutinio.

Los poderes ilegales han infiltrado la política más en la arena subnacional que en la presidencial o parlamentaria. Imagínese usted lo sencillo que puede resultar para mafias de narcotraficantes o de delincuentes penetrar los círculos de confianza de poco más de 100 mil candidaturas a alcaldías distritales, provinciales y gobiernos regionales. Una débil política estatal fiscalizadora, el centralismo de los partidos 'nacionales' y la ausencia de rendición de cuentas ceden espacios para la pululación de camarillas que ingresan a la política en búsqueda de protección, impunidad y rentabilidad.

Es importante la fiscalización de las realidades regionales, ya que, en reemplazo de los viejos caudillos locales, emergen barones ilegales en permanente disputa interna que tergiversan los fines de la política local. Así se socava cotidianamente la descentralización política, que pasó de ser un clamor popular, al final de los noventa, a la exacerbación de la insatisfacción ciudadana, en la actualidad. Los autoritarismos subnacionales se han apoderado de la agenda descentralizadora y aparecen como la amenaza más seria a la gobernabilidad (y a las inversiones) para los próximos años. Este 5 de octubre no solo se elige nuevo alcalde en Lima, sino que en cada jurisdicción del país se pone en juego el futuro de la descentralización.