Los alcaldes contra la vivienda social

El alcalde de Lima se ha sumado al de San Isidro en una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Ocurre que el MVCS elaboró un reglamento para establecer los parámetros de las viviendas dentro del programa Mivivienda, que desde su creación ha permitido que más de un millón de personas puedan vivir en una casa propia.

Los burgomaestres pretenden que sean ellos los que determinen estos parámetros, lo que significaría que cada municipio tendría su propia reglamentación de un programa dirigido y financiado desde el gobierno central. Nos podemos imaginar el caos que esto va a generar, lo que significaría el fin de esta exitosa política pública.

Se olvidan los alcaldes de que, en materia de vivienda y urbanismo, las leyes establecen que hay una competencia compartida y que, tratándose de políticas nacionales, es el MVCS el ente rector, ya que somos un Estado unitario y no uno federal.

En el pasado, el municipio de Lima ha puesto una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. En esa oportunidad, el TC falló en contra del municipio y dijo: “…es una materia compartida del gobierno nacional, el mismo que tiene una competencia de regulación nacional y los gobiernos locales asumen una competencia de regulación específica. En caso de duda, existe una presunción de competencia a favor del gobierno nacional, de conformidad con el artículo 43 de la Constitución”.

Estamos seguros de que el TC mantendrá su criterio y rechazará esta absurda demanda que significaría el fin de la vivienda social en el país.