La tragicomedia del Tribunal Constitucional es una de tres actos. Primer acto, cuatro magistrados del principal órgano de justicia en el Perú deciden “subsanar” una sentencia del mismo organismo que impedía calificar a los supuestos crímenes del caso El Frontón como “de lesa humanidad”. Dicha “subsanación”, en verdad, no era sino una abierta patraña: revisan nada menos que el voto de un magistrado realizado en 2013 (Vergara). No importó que el propio Vergara explicara su voto; los magistrados Miranda, Ledesma, Ramos y Espinosa-Saldaña dijeron que no, que ellos entendían mejor que él cuál era su voto.
El segundo acto es más alucinante aún: ante la presión, justificada, de distintas personas y organismos, en el Congreso se comienza a discutir la posibilidad de acusar constitucionalmente a estos cuatro magistrados. Y cualquier enterado sabe lo siguiente: los fujimoristas no querían, en el fondo por miedo (dada la injustificada arremetida de los 90 contra el tribunal de entonces cuando Alberto Fujimori buscó la re-reelección). En medio de dichas idas y venidas (donde otros grupos parlamentarios estaban a favor de acusar a los magistrados), tres de ellos (Ledesma, Ramos y Espinosa-Saldaña) viajan a Uruguay, donde sesionaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar la “potencial” acusación (hoy aprobada por la Comisión Permanente).
Tercer y último acto, grupos jurídicos afines a los magistrados logran meter una solicitud de “opinión consultiva” ante la Corte Interamericana para discutir si, en efecto, el Congreso puede acusar constitucionalmente a presidentes y otras autoridades, de la cual podrían verse beneficiados los magistrados.
Para empezar, más allá de la composición del Legislativo, es evidente que solo por los hechos ocurridos en el primer acto estos cuatro magistrados deberían ser acusados. Pero lo del segundo acto es injustificable: que tres de ellos sostengan que en el Perú no existen las garantías para un debido proceso es una mentira grosera, pero además la mejor defensa para los procesados (Humala-Heredia) y fugados (Toledo) por el caso Lavo Jato. ¿Ese era el fin de todo esto, ayudar a todos los corruptos? ¿Qué están haciendo?
