El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, dio a conocer ciertas medidas que tomará como parte de lo que llamó “una reestructuración total” en las gerencias de Corpac, luego del clamoroso fallo de luces en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Así, según Pérez-Reyes, se lograría “un estándar más exigente en cuanto al cumplimiento de la seguridad aérea… Vamos a hacer un control porque las situaciones que han ocurrido han tenido que ver con inacciones y omisiones”. Se calcula, mientras tanto, que las pérdidas por este incidente –que afectó a 286 vuelos– ascienden a 10 millones de dólares.
Las disposiciones anunciadas consisten básicamente en la remoción de gerentes y la aprobación de una norma que facilite la compra de bienes en situaciones de emergencia. Sin embargo, no pronunció una sola palabra sobre la responsabilidad del presidente de la empresa estatal, José Luis Barrios, ni sobre la posibilidad de que él mismo diera un paso al costado, una semana después de que calificara como “fortuito” el accidente y que el Congreso decidiera interpelarlo.
“No tengo por qué renunciar. Tengo claras las respuestas a las preguntas para la interpelación...” fue todo lo que el ministro dijo ante el asedio de los hombres de prensa. Una lavada de manos monumental.
El mal estado de la red de luminarias quedó en evidencia en un reportaje de Cuarto poder: marañas de cables pelados en tramos clave de la pista de aterrizaje, por donde circulan a diario cientos de aviones transportando a miles de pasajeros provenientes de distintos puntos del país y del mundo. Una amenaza inminente para cualquier nave que se ve obligada a usar tan precarias instalaciones.
La situación de su protegido en Corpac empeoró con el paso de los días, especialmente luego de filtrarse la noticia de que la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) había enviado hasta cinco cartas a la institución informando sobre el mal estado del sistema eléctrico del Jorge Chávez. Sin embargo, solo una de esas misivas fue atendida.
Aparte del riesgo que significa para la vida humana, este desafortunado episodio, que ha dado la vuelta al mundo, daña severamente la imagen del Perú como destino turístico, una industria ya bastante golpeada por la pandemia y las revueltas sociales de hace dos años.
La indiferencia con que el Gobierno ha afrontado el hecho es inexplicable ¿Será que alguien especial desde la cúspide del poder protege a este funcionario, que el ministro del sector se siente obligado a blindarlo tan pertinazmente? ¿Será?
