El viernes, el Estado peruano le otorgó a Gastón Acurio la orden al mérito por servicios distinguidos en el grado de Gran Cruz. La distinción al extraordinario cocinero que ha puesto el sello del Perú en el mapamundi, era justa y merecida.
Al mediodía, mientras una veintena de amigos del galardonado esperábamos parados en las escaleras de la puerta del Jirón de la Unión a que se nos permitiera el ingreso a Palacio, para estar presentes en la ceremonia, un hombre adulto que por ahí pasaba nos miró, se detuvo, alzó los brazos y levantando la voz espetó: “Señores, ustedes son conocidos, por eso les pido que protejan al presidente Vizcarra de los fujimoristas. Por favor”.
La intervención provocó un silencio nervioso entre los presentes, pero distinto a lo que nos temimos; ninguno de los otros transeúntes se manifestó en contra de lo aclamado. Al contrario, más de un rostro mostró aprobación.
En mi opinión, esa escena grafica los resultados de las encuestas publicadas las últimas semanas. Grosso modo, las cifras, tanto de Datum como de Ipsos, refieren que la gente percibe en este momento al fujimorismo en el Congreso como el dueño del poder. Que lo usa abusando. Y que a fuerza de censuras –y vacancia– ha convertido al Gobierno en su víctima.
En esa línea, la aprobación al presidente Vizcarra que algunos no se explican, no sería otra cosa que el equivalente al rechazo que despierta en la mayoría el comportamiento y las actitudes de Keiko Fujimori y su bancada congresal.
La desaprobación conquistada por la lideresa de Fuerza Popular es altísima, no ha gobernado ni un día y la gente la reprueba tanto como al Poder Judicial, manchado por la corrupción y el cinismo.
Peor cuando su tardía aparición para oponerse al referéndum y acusar a Vizcarra de populista la muestra con poca pericia y serenidad para conducir una fuerza política. Es evidente que la gente la percibe como alguien que se opone sin proponer alternativas; que obstruye sin ofrecer una salida a la crisis que ya tiene harta a la sociedad.
Un mes atrás, intuitiva o analíticamente, el presidente Vizcarra había tomado el pulso de la calle y, antes de pasar a la historia como un triste rehén, decidió enfrentar a sus captores. El 28 de julio propuso la reforma judicial que el país exige después de los audios de la vergüenza, y una reforma política cuyos trazos el Congreso ni siquiera se había detenido a bosquejar.
Su anuncio le ha merecido un claro apoyo de la ciudadanía, pero también agudas, cuando no tremebundas, críticas desde diversos entendidos.
Aun así, el presidente Martín Vizcarra tiene un gran desafío: el país enfrenta un sinnúmero de necesidades, pero la urgencia recae en la reforma del sistema judicial.
El Gobierno debe insistir en un referéndum que permita cambiar constitucionalmente el origen y la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Urge un órgano eficiente e independiente, capaz de combatir la corrupción judicial.
No se puede dejar en manos del actual Congreso tal modificación. Los que están involucrados en el caso Lava Jato harán lo imposible para evitar la remoción de jueces y fiscales corruptos. El ‘Lava Chávarry’ demuestra esa decisión.