Según el informe de la Contraloría sobre las obras paralizadas hasta diciembre de 2023, existen obras en el sector educativo por un valor superior a los 1,600 millones de soles que no han concluido debido a diversos motivos. La Contraloría define una obra paralizada como aquella que no ha sido concluida y que no presenta avances en su ejecución física durante seis meses o más, debido a situaciones como controversias, abandono, deficiencias en el expediente técnico, factores climáticos u otras causas que puedan ocasionar una suspensión prolongada de la obra.
¿Cómo explicar la existencia de obras paralizadas en un contexto de gran déficit en infraestructura educativa? ¿Por qué, a finales de 2022, el informe de la Contraloría reportaba poco más de 900 millones de soles en obras paralizadas, mientras que al cierre de 2023 la cifra ascendía a poco más de 1,600 millones, es decir, 700 millones de soles más en un año? La respuesta podría radicar en la complejidad de nuestro sistema de adquisiciones estatales, pero sobre todo en la falta de capacidad de gestión por parte de los responsables de la infraestructura educativa a nivel gubernamental.
Estas obras paralizadas son responsabilidad de los gobiernos regionales y locales que carecen o tienen una capacidad limitada de gestión. Dado el grave déficit de infraestructura educativa, deberíamos buscar soluciones alternativas, ya que cada año el monto de obras paralizadas en este sector aumenta.
La gestión de la infraestructura educativa podría ser abordada mediante un esfuerzo conjunto público y privado, enfocándose en aspectos técnicos en lugar de políticos. De esta manera, podríamos evitar seguir lamentando la situación de miles de escuelas en nuestro país y el riesgo al que están expuestos miles de estudiantes debido a las deficientes condiciones de estas.