El fujimorismo ha sembrado en el proceso electoral, que ya arrancó con el cierre del plazo de afiliaciones, un factor bluf, que genera mayor incertidumbre en una coyuntura en la que hasta ahora tenemos 30 partidos inscritos con opciones de que la lista crezca hasta 50. Una auténtica barbaridad.
Todo esto, generado desde luego por las deplorables contrarreformas promovidas desde el Congreso –en este caso, la electoral– que hacen aparecer al Perú como una republiqueta de postín.
Pero decimos que lo del lanzamiento de la candidatura de Alberto Fujimori es un bluf porque la ley y la Constitución se lo prohíben expresamente, y de mantener esa postura, contra la opinión de los más serios constitucionalistas, el JNE tendrá que rechazarla cuando se inscriba la fórmula.
Eso, por dos razones fundamentales. Primero, la Ley Orgánica Electoral impide al indultado expresidente candidatear a la Presidencia. Esto porque establece una prohibición a los condenados por delitos de corrupción, como es su caso, y porque, además, no ha pagado su reparación civil de más de 57 millones de soles.
Y segundo porque la propia Carta Magna lo prohíbe. Como explicó el jurisperito y constitucionalista Aníbal Quiroga, “El artículo 33 de la Constitución suspende la ciudadanía a todos los que tienen una sentencia condenatoria vigente, y el artículo 107 (de la Ley Orgánica Electoral) impide a las personas condenadas postular a la Presidencia, más aún sin son deudores de reparaciones civiles”. Y ese indulto no anula ni revoca su sentencia. A Fujimori, como se sabe, se le indultó por razones humanitarias, pues su salud parecía más deteriorada de lo que en realidad estaba. El “moribundo” poco tardó, además, en exhibirse muy orondo paseando por centros comerciales y dando declaraciones políticas.
Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, expresó asimismo que le parecía “incongruente que se indulte a un ciudadano (por razones humanitarias) y que luego este postule a la Presidencia. El indulto no convierte a ese condenado en inocente ni borra sus antecedentes ni constituye una rehabilitación plena que lo habilite a postular”. Dos argumentos sólidos por los que las autoridades electorales deberían rechazar la candidatura naranja.
Si leemos la entrelínea de esta maniobra, es obvio que lo que se intenta generar es una distorsión –al más puro estilo de los sicosociales montesinistas– por simple cálculo político. Alentar una posibilidad que, aunque luego se desinfle, al menos impacte en el escenario electoral.
Un truco tan viejo como transparente en sus inconfesables objetivos.