Veintinueve personas han sido asesinadas en lo que va de este año en los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP) —jurisdicciones que, para frenar la criminalidad, estuvieron en estado de emergencia hasta el 19 de enero—, lo cual evidencia la ausencia de una política de Estado contra el delito con consecuencias negativas a nivel social y económico para el país.