El Congreso y la están en guerra y el campo de batalla es ahora el Poder Judicial. El resultado final es incierto, pero lo único claro en este enfrentamiento es que la razón parece ser lo menos importante. Los congresistas están enfrascados en una cruzada ideológica que no admite argumentos, mientras que los integrantes de la Junta difícilmente reconocerán que la continuidad de Inés Tello en el organismo es, por lo menos, una cuestionada interpretación de la ley.

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El Congreso no tiene los 87 votos que necesita y, por eso, retrasa sus evidentes intenciones. Difícil creer que lo hace porque es respetuoso del debido proceso. El cálculo es político, no legal. Pero, más allá de votos, leyes y demandas judiciales, el caso de la Junta refleja los mundos paralelos en los que vivimos en el Perú. La preocupación de la clase dirigente está más en una lucha por el poder que en resolver los problemas urgentes de la gente.

La delincuencia avanza sin freno. La Policía hace un esfuerzo grande por enfrentar el crimen, pero no es suficiente. Sin una clara decisión política y un verdadero liderazgo presidencial, poco se podrá conseguir. A esto se suma una informalidad que tampoco tiene pausa. Crece y se enquista en los principales motores de la economía. Delincuencia e informalidad son una verdadera bomba de tiempo a punto de explotar.Un claro ejemplo es lo que ocurre en Pataz, en la sierra de La Libertad. Organizaciones criminales han tomado el control de la minería ilegal, amenazan la producción de las mineras formales, y ya crearon verdaderas zonas liberadas donde ellos son, paradójicamente, la ley y el orden.

La autoridad tiene que estar en el mundo real. Si eso no ocurre y pronto, cuando se dé cuenta, quizá será demasiado tarde no solo para ellos, sino para todos.


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