Más de medio centenar de homicidios en SMP y SJL en estado de emergencia

¿Fracaso o éxito? Este miércoles 17 de enero concluyen los cuatro meses de estado de emergencia en los distritos de San Martín de Porres (SMP) y San Juan de Lurigancho (SJL), así como en siete jurisdicciones de Piura. Los alcaldes de los municipios capitalinos sostienen que los frutos “no son tan significativos”, porque “no se ha alcanzado los resultados que la ciudadanía esperaba”, mientras que los especialistas en seguridad ciudadana consultados para este informe indican que el balance es “totalmente negativo”.

El comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo, anticipó que “por el momento no vamos a ampliar el estado de emergencia”. Para conocer los detalles de la decisión, Perú21 le solicitó una entrevista, pero no fue posible por su agenda. Sin embargo, la institución policial compartió la producción policial en ambas jurisdicciones, entre el 20 de septiembre y el 8 de enero, en la cual reportan 3,177 detenidos por diversos delitos —463 con requisitoria—, 213 bandas criminales desarticuladas, 101 armas de fuego incautadas, al igual que 2 granadas de guerra, 559 celulares y 57.52 kilogramos de droga, y 84 vehículos recuperados.

Pero lo que la Policía no entregó fue la cantidad de homicidios a manos de organizaciones criminales. Según el recuento realizado por Perú21 de los casos que llegaron a los medios periodísticos, más de medio centenar de personas murieron en estos casi 120 días por obra del sicariato, extorsión o asalto violento en SMP y SJL. Solo en la primera semana del año, se contaron 10 víctimas mortales.

NO HUBO UN PLAN

El alcalde de SMP, Hernán Sifuentes, manifestó que los homicidios perpetrados por organizaciones criminales en pleno estado de emergencia no pudieron erradicarse en su totalidad, porque “para evitar los sicariatos se necesita investigación e inteligencia, ni siquiera más policías”.

Enfatizó que, en todo este tiempo, el Ejecutivo no ha llevado a cabo un plan integral para erradicar la criminalidad. “Estamos esperando que haya un plan por parte del Gobierno. Eso le va a tomar un tiempo articular... Es un tema que tiene que ver con las leyes, fortalecer a los cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional, a la Fiscalía, Poder Judicial y con decisión política para hacer más duras las normas”, detalló.

En su balance general, consideró que hay una reducción de los delitos menores —las denuncias por robos disminuyeron de 1,272 a 867—, pero el impacto de las acciones policiales en los delitos graves es todavía leve.

“Hay un avance, si bien es cierto no es tan significativo, es medianamente importante. Quizá no es la solución, pero es una acción urgente dentro de un escenario complejo y complicado que viven mis vecinos. Más que como fracaso o éxito, creo que se ha mejorado levemente; sin embargo, no es suficiente”, afirmó.

Por último, sostuvo que si el Ejecutivo decide ampliar el estado de emergencia, este tendría que venir con nuevas características, indicadores de medición y mayores resultados para la ciudadanía.

SIN MARCO LEGAL

Jesús Maldonado, burgomaestre de SJL, subrayó que, pese a las capturas y desarticulación de bandas criminales durante el estado de emergencia, el distrito aún no es percibido como pacífico.

“Si bien es cierto, no se ha alcanzado los resultados que la ciudadanía esperaba, se ha podido capturar a 5 mil personas y desarticular a bandas organizadas. Son cifras que no terminan dando como resultado un distrito pacífico, pero sí te dice que estamos avanzando a favor de la lucha contra la delincuencia”, manifestó. En esa línea, dijo estar a favor de que el Ejecutivo extienda la medida restrictiva por algunos meses, pese a que el comandante Angulo ya adelantó que no será así.

“Yo estoy a favor de que continúe el estado de emergencia; la última palabra la tiene la presidenta Dina Boluarte, estoy seguro de que va a reflexionar con el grupo de ministros y asesores, quizá haya controversia dentro de la Policía”, declaró.

Con respecto a por qué continúan ocurriendo crímenes, extorsiones y asaltos violentos en su distrito, el alcalde advirtió una falta de coordinación entre la Policía Nacional y las entidades administradoras de justicia. “Se necesita articular más, porque adjudicamos toda la responsabilidad a los comisarios, pero en el transcurso del proceso, los delincuentes se escapan, los fiscales los sueltan o algún juez ordena su liberación”, destacó.

Exhortó al Congreso a debatir la declaratoria de la delincuencia como terrorismo, como ha ocurrido en Ecuador, autorizar a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles y normar que los policías con seis meses de preparación refuercen la seguridad ciudadana: “Exigimos, pero no les damos marco legal ni presupuesto”.

FRACASO Y DISTRACCIÓN

César Ortiz, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aproseg), aseveró que “en la última década no ha funcionado ningún estado de emergencia” y que el balance en SJL y SMP es “totalmente negativo” por falta de un trabajo articulado.

“La presidenta dice que el plan Boluarte no existió, que fue un tema emotivo de su premier; ahora dice que va a exterminar el delito, qué ignorancia. Estos problemas de origen social tienen que ser combatidos integralmente. Temo mucho que este 2024 supere incluso las cifras de 2023, espero un año bastante violento”, argumentó, tras advertir que Perú cerró 2023 con 8.9 homicidios por cada 100 mil habitantes y “si llegamos a 10 homicidios por cada 100 mil habitantes nos declararán en pandemia por inseguridad ciudadana”.

Para Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, el estado de emergencia en SMP, SJL y los siete distritos de Piura fracasó por la ausencia de una planificación. Consideró que la medida tomada por la mandataria, su premier Alberto Otárola y ministros fue una “reacción política” con la que se distrajo la atención de la población.

“Fue una reacción política por parte de la presidenta cuando vio que la inseguridad tomaba ribetes explosivos a través de granadas y una serie de atentados. Las causas son las deficiencias en gestión policial; deficiencias presupuestarias de la Policía, INPE; dificultades de coordinación del Poder Judicial, Fiscalía, PNP y otros problemas estructurales”, concluyó.

SABÍA QUE

Un factor clave en el fracaso del estado de emergencia es la falta de un mecanismo de monitoreo de resultados.

“En el futuro, que se haga sobre la base de la planificación entre operadores de justicia y niveles de victimización”, sostiene el exviceministro Ricardo Valdés.

Los alcaldes tienen que decirle a la presidenta Dina Boluarte que su plan no funciona y tiene que modificarse, añade.

MIEMBROS DE LOS HIJOS DE DIOS DEJARON EXPLOSIVOS EN TECHO DE PREDIO EN SMP

Hallan tres granadas en vivienda

La Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) de la Policía Nacional desactivó la madrugada de ayer tres granadas de guerra colocadas en el techo de una vivienda por presuntos miembros de la organización Los hijos de Dios, detenidos el viernes en San Martín de Porres.

Uno de los integrantes del clan lanzó los explosivos a un inmueble vecino para que no se les vincule con su accionar delictivo, explicó Juan Montafur, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte.

En dicha vivienda, los agentes hallaron armas de fuego, celulares, 800 dólares y cuadernos escritos con montos y nombres de las personas que presuntamente extorsionaban.

FEMINICIDIO

En tanto, en la calle Lima del mismo distrito, en horas también de la madrugada, un mototaxista asesinó de dos balazos a su esposa dentro de su domicilio. El feminicida fue detenido por los vecinos y llevado a la comisaría del sector.

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