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Defensoría del Pueblo: ‘Hay 28 casos de detenciones arbitrarias en el país’
Organismo resaltó los casos de William Augusto Chávez Huamán y Lucio Quispe Mamani, quienes a pesar de que presentaron pruebas que los libran de toda culpa, siguen arrestados.
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La Defensoría del Pueblo informó que a la fecha se registran 28 casos de detenciones arbitrarias en el país y pidió al Poder Judicial resolver con celeridad estos casos, a fin de evitar que se vulnere el derecho a la libertad de personas inocentes.
La jefa del Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales de la Defensoría, Imelda Tumialán Pinto, explicó que uno de los detenidos es William Augusto Chávez Huamán, pescador del balneario de Pucusana, a quien se le acusa del presunto delito de trata de personas.
La funcionaria informó que, el último viernes, el 40º Juzgado Penal de Lima rechazó el hábeas corpus presentado por el hermano del afectado, por lo que este deberá ser trasladado a un penal de Iquitos, de donde proviene la orden de captura.
Comisionados de la Oficina Defensorial de Loreto revisaron el expediente y observaron que el presunto imputado es Willian Chávez Huamán, cuyos rasgos físicos serían distintos a los de la persona detenida, según la declaración de su coinculpado Darwin Saldaña.
Además, el referido pescador ha demostrado que el día en que ocurrieron los hechos —el 28 de agosto de 2011—, estuvo trabajando como patrón de la Embarcación Yolita II, con matrícula PS-29875-BM, de propiedad de Margarita Inés Jara Parco, en Pucusana.
Un segundo caso es el de Lucio Quispe Mamani, un anciano de 75 años de edad que se encuentra detenido —desde el pasado 26 de setiembre— por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.
Tumialán precisó que el Módulo de Atención Defensorial de Juliaca (Puno), zona en donde se viene desarrollando el proceso, advirtió que no se han contemplado los datos mínimos de identificación de las personas, tales como las características físicas.
Acotó que Lucio Quispe Machaca ha demostrado que, cuando ocurrieron los hechos, se encontraba trabajando en la Municipalidad de Bellavista como guardián.
"En este caso se vienen vulnerando varios derechos fundamentales del detenido, tales como la libertad personal, identidad y el debido proceso, al no haberle notificado sobre los cargos formulados para el ejercicio de su defensa", subrayó.
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