Cuajone al borde de un enfrentamiento

Hoy vence el nuevo plazo que el sindicato de trabajadores de Southern Perú otorgó al Gobierno y a los comuneros para el restablecimiento del suministro de agua en el centro minero de Cuajone, cuyas válvulas en el reservorio de Viña Blanca llevan 50 días tomadas por la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, en Moquegua.

Las familias de los trabajadores mineros de Cuajone se encuentran sin acceso al agua desde hace 50 días. (Foto: Difusión)

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

18/04/2022 - 07:00

Hoy vence el nuevo plazo que el sindicato de trabajadores de Southern Perú otorgó al Gobierno y a los comuneros para el restablecimiento del suministro de agua en el centro minero de Cuajone, cuyas válvulas en el reservorio de Viña Blanca llevan 50 días tomadas por la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, en Moquegua.

Que se levante dicha medida de fuerza está en manos del Ejecutivo, que luego de obtener la conformidad de las partes debe conseguir que hoy se publique la resolución suprema que instala la mesa de diálogo entre la empresa y la comunidad campesina.

Sin embargo, Raúl Jacob, vicepresidente de finanzas de la compañía, adelantó a Perú21 que “difícilmente” aprobarán el borrador de la resolución porque las condiciones aún no están dadas, es decir, que se restablezca el servicio de agua y se desbloquee la vía férrea.

Dos comuneros consultados por este diario señalaron que todavía no se lleva a cabo la asamblea de la comunidad para debatir el documento de la PCM y estarían esperando primero las observaciones de Southern Perú.

MIRA: Mineros de Cuajone dan un ultimátum al gobierno por corte de agua potable

CONFLICTO ANUNCIADO

Javier Acosta, representante del sindicato de trabajadores de Cuajone, reafirmó que hoy es el último día antes de tomar acciones a fin de tener el control de las válvulas de agua potable del reservorio de Viña Blanca, luego de haber “agotado todas las vías posibles”.

“El Gobierno es demasiado pasivo y no cumple con el Estado de derecho. (La comunidad campesina) está atentando contra 5 mil pobladores, es un delito que debería ser penado”, protestó.

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