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Crece el debate para actualizar la ley contra los delitos de terrorismo en Perú

En el Congreso hay disposición para que se debata y apruebe una reforma a la ley contra el terrorismo que data de 1992. Pero, ¿cómo debe ser esta para que realmente se encuentre una condena ejemplar contra quien, por fines políticos, atemorice a la ciudadanía?

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Hasta el momento no se castiga a los responsables del crimen del suboficial de la Policía José Luis Soncco.
Fecha Actualización
En el Congreso hay disposición para que se debata y apruebe una reforma a la ley contra el terrorismo que data de 1992. Pero, ¿cómo debe ser esta para que realmente se encuentre una condena ejemplar contra quien, por fines políticos, atemorice a la ciudadanía?
Las legislaciones de España y México podrían servir de ejemplo para el Perú. Ambos Estados actualizaron en los últimos diez años sus códigos penales.
En el caso de España, en 2015, se actualizó su texto penal para investigar y sentenciar conductas individuales; esto bajo la justificación de que “las nuevas amenazas exigen la actualización de la normativa para dar cabida al fenómeno del terrorismo individual”.
Antes –como bien se explica en el preámbulo a la ley reformada– la sanción era para “quienes pertenecían, actuaban al servicio o colaboraban con organizaciones o grupos terroristas”.
En México, en 2014, se buscó darle más fuerza a su ley antiterrorismo y se aprobó un texto que señala que comete el delito de “terrorismo el que, utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación, o cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.
El profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México Javier Oliva Posada explicó a Perú21 que “en México, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el recrudecimiento de la actividad criminal aumentó y sí se tenían que hacer unas precisiones jurídicas para distinguir entre un evento (crimen organizado) y otro (terrorismo). Si bien ambos son ilegales, el gran matiz es la reivindicación que hacen los terroristas”.
Oliva agregó que antes (de la reforma legal contra el terrorismo en 2014) el código mexicano era muy laxo.
En el Perú, a diferencia de España y México, los delitos de terrorismo no se han individualizado y el Código Penal que los trata no se ha actualizado desde 1992. En 2017, solo el delito de apología del terrorismo fue modificado.

¿Y LA LEY PERUANA?
“Hasta ahora, lo que hemos tenido es la comisión de un acto de terrorismo de alguien que pertenece a una organización terrorista”, dijo el exministro del Interior Rubén Vargas a este diario respecto de la necesidad de individualizar a los actores.
Vargas también coincidió en la necesidad de reformar el Código Penal. “La fiscal de la Nación debe convocar a un equipo que trabaje en la actualización de los delitos de terrorismo en el Perú. Allí debe estar la Dircote, que es la Policía especializada, la Procuraduría Antiterrorismo, el Ministerio de Justicia y desde la sociedad civil podríamos aportar a este debate, que es absolutamente necesario”.
Pedro Yaranga, analista en temas de seguridad, indicó que “todos los ataques a los activos críticos nacionales (aeropuertos, hidroeléctricas, etc.) deberían ser calificados como delitos de terrorismo”.
Sin embargo, Rubén Vargas alertó que hay que tener “extremo cuidado” para no utilizar el tipo penal de terrorismo para situaciones de violencia que nacen en el contexto de los conflictos sociales porque “se estaría cometiendo un grave error y eso les conviene a los que podrían estar detrás de promover acciones terroristas”.

TENGA EN CUENTA
En Barcelona, un hombre con un machete mató a un sacristán y lesionó a un sacerdote en ataques perpetrados en dos iglesias de la ciudad de Algeciras. Ayer, el Ministerio del Interior español informó que las autoridades están investigando el hecho como un posible acto de terrorismo. Bajo la legislación peruana, solo se puede procesar por terrorismo si la persona pertenece a una organización terrorista.

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