Urgente reforma para procesar violentas protestas como acciones terroristas

Si un tumulto destruye la propiedad pública y privada, como lo han hecho los violentos manifestantes desde diciembre de 2022, estas personas pueden ser condenadas hasta con seis años de cárcel, según el artículo 315 del Código Penal, por el simple delito de disturbios. Sin embargo, para la Organización de Naciones Unidas (ONU), el ataque a aeropuertos, como también sucedió en el Perú en el mismo periodo de tiempo, es un abierto acto de terrorismo.

El Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en aeropuertos de la ONU fue suscrito por el Perú en 1989. Bajo este parámetro, los daños provocados a los terminales aéreos de Puno, Ayacucho, Arequipa y Cusco deberían ser considerados actos terroristas y los perpetradores procesados por este delito.

Los bienes públicos dañados en distintas regiones pertenecen a la Fiscalía, el Poder Judicial, la Sunat, Migraciones y la Policía Nacional, instituciones dedicadas a poner orden en la sociedad desde sus respectivos rubros.

El feroz ataque del pasado domingo a la comisaría El Triunfo, ubicado en el distrito arequipeño de La Joya, –que incluyó la toma de un policía como rehén– ha sido la última demostración de violencia de los inescrupulosos que salieron a las calles para reclamar por la detención de Pedro Castillo, quien ejecutó el golpe de Estado del 7 de diciembre.

La legislación peruana solo identifica una acción terrorista si esta es realizada por una organización criminal como Sendero Luminoso o el MRTA.

El Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad para delitos de terrorismo hasta con 25 años de prisión, estipula como un acto terrorista el ocasionar daño a los bienes públicos y privados al punto de impedirles, total o parcialmente, “la prestación de servicios esenciales para la población”.

Se identifica, además, que un terrorista es aquel que crea ambiente de zozobra, alarma o temor en la población y realiza actos contra la vida y la salud, el patrimonio, contra la seguridad de edificios, medios de comunicación, carreteras, torres de energía y transmisión y otro tipo de instalaciones.

Las violentas protestas de estos dos meses han cumplido con ese requisito, pero, al no haber sido perpetrados los ataques por grupos terroristas, estos no pueden ser tipificados como terrorismo.

El referido decreto fue promulgado en 1992, cuando Sendero y el MRTA imponían terror en las calles. Hoy los actores cambiaron; ambos grupos terroristas ya no arrinconan al Estado, pero esta práctica criminal continúa.

Actualmente, los aeropuertos de Puno y Arequipa no están operando debido a que intentaron ser tomados a la fuerza por numerosas turbas. Pero son solo un ejemplo.

El 10 de diciembre de 2022, decenas de manifestantes incendiaron la sede principal del Poder Judicial en Ayacucho.

Si bien hubo un daño a las instalaciones, lo más preocupante fue la destrucción de documentación y evidencias de distintos procesos penales que dejan indefensas a las víctimas y blindan con impunidad a los delincuentes.

Los incendios se repitieron en las sedes judiciales de Huancavelica, Apurímac, Arequipa y Puno. En esta última región se registró similar ataque a los locales de la Sunat y Migraciones.

Lo mismo ha sucedido en las sedes del Ministerio Público de Ayacucho y Arequipa. Y en regiones como Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios sufrieron ataques a sus oficinas.

Acá se deben incluir las 38 sedes policiales atacadas, así como los 99 locales privados –minas, empresas y tiendas– que corrieron con la misma suerte, de acuerdo a cifras de la Policía Nacional.

En todos los casos, las instituciones quedaron inoperativas. Los atacantes no pertenecen a una organización terrorista pero en la práctica actúan como una.

Rocío Leandro Melgar, quien en el pasado era conocida como la camarada ‘Cusi’, fue detenida por financiar y azuzar las protestas desde su nuevo cargo: presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho.

Ante su captura, su representación fue ocupada por Iber Maraví, exministro de Trabajo con probadas vinculaciones a Sendero Luminoso.

Reforma necesaria

El exprocurador antiterrorismo Julio Galindo consideró que la ley debe ser modificada con urgencia para que los ataques violentos contra la propiedad pública y privada de los que el país es testigo sean tipificados como acciones terroristas.

“Las marchas y protestas que consagra la Constitución son pacíficas, donde no hay ataques a locales privados o públicos y menos portando armas; estos ataques no son naturales, se usa la violencia para generar zozobra”, argumentó en diálogo con Perú21.

Galindo indicó que el Ejecutivo y el Congreso tienen la potestad de impulsar proyectos de ley para hacer la reforma e incluir la desenfrenada violencia contra bienes públicos y privados en el Decreto Ley N° 25475.

“Hemos estado acostumbrados a visualizar solo a Sendero Luminoso y al MRTA como terroristas, pero el terrorismo no solo es desarrollado por ambas organizaciones, sino por quienes cometen actos terroristas”, enfatizó.

En ello coincidió el exministro del Interior, Carlos Morán, quien indicó que se debe dar una nueva interpretación a los actos terroristas para que su tipificación sea más amplia.

“Tendríamos que avanzar un poco más en la legislación; hemos visto ataques sincronizados contra centrales hidroeléctricas, plantas de gas. Si mañana hay un atentado contra estas infraestructuras, podría generar desabastecimiento de estos recursos y ello podría generar un clima de terror, zozobra y pánico”, dijo a este diario.

Morán, quien también es general de la Policía en retiro, advirtió que si bien Sendero Luminoso fue reducido y su participación armada es mínima, indicó que “han surgido personas con sesgos ideológicos y políticos determinados” que estarían dispuestos a tomar medidas “similares” a las de las organizaciones terroristas que aparecieron en el país entre los años 80 y 90.

“Los legisladores tienen que evaluar esta situación y proponer iniciativas para que la Policía y la Fiscalía tengan más alcance de acción”, refirió.

Mientras tanto, los violentistas siguen convocando a marchas, dispuestos a acabar con todo lo que esté a su paso con la consigna de imponer al caballazo una Asamblea Constituyente.

Tenga en cuenta

-El Ministerio Público ha abierto hasta el momento tres carpetas para investigar los daños que sufrieron 20 de sus sedes solamente en diciembre de 2020. En enero, hasta el momento, seis de sus edificios fueron atacados.

-Según la Defensoría del Pueblo, 46 civiles fallecieron por los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Un policía murió bajo las mismas circunstancias.

-912 personas resultaron heridas.

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