Reclusos tendrán acceso a la educación superior

Esta iniciativa se realiza en colaboración con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia (Minjus).

Bajo el marco de la Ley N° 31840, que busca ampliar el acceso de los reclusos a estudios de educación superior, representantes de las cuatro instituciones se han reunido en múltiples ocasiones durante las últimas semanas.

El objetivo ha sido diseñar y aprobar, en un plazo de 90 días, las características y requisitos de programas especiales de educación superior que conduzcan a la obtención de grados académicos.

Durante estos encuentros, los equipos técnicos y jurídicos de las mencionadas entidades han trabajado para establecer las bases normativas que regirán la implementación de estos programas educativos.

Se han abordado temas cruciales como la exoneración de requisitos de presencialidad contemplados en la Ley Universitaria, la creación de nuevos programas académicos de acuerdo con la Ley N° 31520 y el Acuerdo N° 001-026-2023 del Consejo Directivo de Sunedu.

Especialistas de las áreas involucradas en el proceso han resaltado la importancia de considerar las estadísticas actuales de empleabilidad en carreras universitarias y técnicas para garantizar que los internos que cursen estudios superiores puedan reintegrarse exitosamente en la sociedad y en el mercado laboral.

El INPE ha aportado datos fundamentales sobre la población carcelaria, incluyendo estadísticas sobre el nivel educativo, las preferencias académicas y las aspiraciones profesionales de los internos.

Estos datos servirán como base para la adecuación normativa y la planificación de los programas de educación superior.

La educación superior en cárceles se posiciona como una herramienta crucial para la transformación de vidas, la reducción de la reincidencia y la creación de oportunidades genuinas de reinserción social.