Ministra Pérez de Cuéllar: “Vivimos en la dictadura de la suspicacia”

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, se pronunció ante los cuestionamientos a la presidenta Dina Boluarte, tras la detención de su hermano y su abogado por el caso “Los Waykis en la sombra”.

Al ser consultada por la prensa a su salida del Congreso de la República, la ministra cuestionó que se abran carpetas fiscales ante “especulaciones”.

“Lamentablemente, vivimos en la dictadura de la suspicacia. Basta que haya una especulación, un habría, para que se abran carpetas fiscales”, indicó.

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En ese sentido, señaló que ella fue “víctima de la apertura de una capeta fiscal” tras la revelación de un reportaje. “Ahora la propia autoridad competente, que es Servir, ha manifestado que no se ha cometido ningún delito. Sin embargo, dijeron que se había cometido el delito de comisión agravada”, aseguró.

Ante ello, Pérez de Cuéllar, quien participó en la Comisión de Presupuesto del Poder Legislativo, se limitó a “hacer una invocación a la gobernabilidad” y aseguró que “es lamentable todo lo que estamos viendo a nivel de las instituciones”.

“Si nosotros queremos fortalecer nuestra democracia, lo que tenemos que hacer es apostar por institucionalidad y gobernabilidad”, señaló.

Asimismo, invocó a “todas las fuerzas vivas del Perú para hacer un voto por la gobernabilidad”.

El hermano y el abogado

Como se recuerda, el viernes 10 de mayo, el Ministerio Público arrestó a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, así como a su abogado, Mateo Castañeda, en el marco de las investigaciones por el caso “Los Waykis en las sombras”.

De acuerdo a la tesis fiscal, Nicanor Boluarte habría liderado una organización criminal y utilizado el “poder de facto” otorgado por su hermana para el nombramiento de funcionarios como prefectos y subprefectos. Además, habría obligado a estos a recolectar firmas para la inscripción de su partido político denominado ‘Ciudadanos Por el Perú’.

El Ministerio Público sindica a Castañeda de haber fungido de “protector legal” de la presunta organización criminal y buscar la defensa de los involucrados “mediante actos de corrupción (...) con la finalidad de lograr objetivos del proyecto criminal”.

Asimismo, habría ofrecido acuerdos ilícitos a los coroneles Walter Lozano y Harvey Colchado. Al primero se le habría ofrecido ser ascendido a general PNP, mientras que al segundo se le aseguró que no sería apartado de la DIVIAC ni pasado al retiro.

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