[OPINIÓN] Jessica Luna: Es hora de reformar la descentralización

Hace años no tenía en mi distrito un alcalde con capacidades de gestión que invierta mis impuestos de manera eficiente. Ahora vemos obras: repavimentación de avenidas, parques y jardines, recuperación de espacios públicos, mayores servicios públicos y mejoras en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Me refiero al distrito de Santiago de Surco, que ejecutó el 100% de sus recursos de inversión pública (S/34 millones) en el año 2023 y pasó del puesto 27 al 1 en el ranking de ejecución distrital en Lima.

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En comparación, municipalidades como San Juan de Lurigancho (S/101.5 millones) o Villa María del Triunfo (S/116 millones) solo ejecutaron 56% y 29.8%, respectivamente. ¡Terrible habiendo tantas necesidades!

Los presupuestos de inversión pública son claves porque deben traducirse en obras para mejorar la calidad de vida de la población: postas y hospitales, agua y desagüe, obras de infraestructura, electrificación, colegios, seguridad, entre otros.

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Sin embargo, en 2023, de los 25 gobiernos regionales en el país, 13 ejecutaron menos del 80% del presupuesto de inversión pública y en la cola están Áncash y Callao con 39.3% y 55.4%, respectivamente. En los gobiernos locales, en ningún departamento superaron el 80%. Los mejores fueron los municipios de Moquegua, que ejecutaron el 79.5%, y los peores, Áncash y La Libertad, con niveles de 44.8% y 54.4%, respectivamente.

El municipio con más recursos en todo el Perú es San Marcos, en Áncash, con un presupuesto de S/678 millones para inversión pública en 2023, pero solo gastó un 36.2% del total. ¡Una vergüenza! Las brechas sociales y económicas en San Marcos son grandes: una de cada tres personas tiene una necesidad básica insatisfecha, el 97% de la red vial vecinal pavimentada está en estado inadecuado, el 12% de niños padece desnutrición crónica y el 92% de la superficie agrícola no cuenta con sistema de riego. Existen recursos que han recibido sobre todo por la actividad minera en la zona de Antamina, pero autoridades incapaces impiden que estos sean invertidos en obras para la población.

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Se necesita un cambio. Esto no está funcionando. Solo multiplica la burocracia y la corrupción. Se debe reformar la descentralización: poner candados, castigar a aquellos que no ejecutan los recursos eficientemente y dar incentivos a los que sí lo hacen, asegurar la tecnocracia en las regiones, revaluar el sistema de distribución del canon, entre otros. No podemos esperar más, las familias pagan día a día el costo de la incapacidad y el descontento social se acrecienta.

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